Gobierno pide al Congreso no temer ante visita de la CPI

La Ministra del Interior solicitó los senadores aprobar el proyecto que modifica la JEP.

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Miércoles, Octubre 31, 2018 - 16:13
Nancy Patricia Gutiérrez, ministra del Interior.
Foto: Colprensa

El Gobierno Nacional salió en defensa de la reforma impulsada por el Centro Democrático para modificar la JEP y pidió a los integrantes de la Comisión Primera del Senado respaldar el proyecto.

La ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez, aseguró que esta iniciativa hace justicia a los miembros de la Fuerza Pública, dándoles la oportunidad de tener mayores garantías para su juzgamiento.

Negó además que el acto legislativo vaya a propiciar una intervención de la Corte Penal Internacional en Colombia.  

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“Se ha especulado con la visita del fiscal adjunto de la CPI, para tratar de generar un pánico y una amenaza sobre quienes están tomando decisiones libremente. Vimos a quienes hoy amenazan con la CPI en los debates anteriores cerrar filas y hacerle ver que no va a haber impunidad, porque es una justicia transicional que garantiza la verdad”, señaló.

Esta propuesta no desconoce a las víctimas, para el Gobierno las víctimas son el eje central de las decisiones y de las discusiones en el Congreso”, manifestó.

La ministra Gutiérrez manifestó que el Gobierno Nacional no permitirá que haya impunidad en el juzgamiento de los actores del conflicto.

Quiero pedirles que no le tengamos miedo a una visita de la CPI, que fue concertada con el Gobierno Nacional. Lo único que pretendemos con esto es equilibrar las cargas para los policías y los militares que han dado su vida por defender la institucionalidad del país”, indicó.

Durante la discusión del proyecto que busca crear una nueva sala en la JEP para los miembros de la Fuerza Pública, varios senadores advirtieron que esta propuesta podría generar una intervención de ese organismo en Colombia.

El Fiscal adjunto de la CPI, quien está de visita en Colombia, advirtió en las últimas horas que la reforma, en caso de aprobarse, podría generar restricciones a las investigaciones y retrasos en la comparecencia y sanción de los responsables de crímenes atroces.