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Aunque todavía en el país se está celebrando la aprobación de la ley que castiga duramente los ataques con ácido en el país y que aumenta las penas para los agresores con hasta 50 años de cárcel, la entrada en vigencia de la ley se podría enredar en la sanción presidencial.
Hay que recordar que el Gobierno, a lo largo del debate en el Congreso, estuvo en contra de la aprobación de la iniciativa por incluir el aumento de penas. El Consejo de Política Criminal expresó en su momento un concepto negativo sobre la ley.
Los argumentos del ejecutivo incluyen que el aumento de penas complicaría la situación de hacinamiento que se vive en varias cárceles del país y que no todos los delitos deben ser castigados con cárcel.
El ministro de Justicia Yesid Reyes, aunque no hizo referencia directa a la denominada ley Natalia Ponce, si reiteró la posición del Gobierno sobre estos temas.
“Una opción es crear delitos, otra opción es aumentar penas, pero no es la única opción, hay que mirar más alternativas y eso es lo que hacemos en el Consejo de Política Criminal, consideramos si hay alternativas distintas para cada uno de los proyectos de ley en el Congreso y a veces nos oponemos a creación y aumento de penas y otras veces los avalamos”.
Insistió en que para el Gobierno el aumento de penas no es la única medida para reprender a los colombianos.
“Es una de las alternativas que tiene el Estado en materia de política criminal, lo único es que no debe ser generalizada en todos los casos”.
En caso de que el Gobierno objete, el Congreso tendrá que revisar el proyecto de ley, pero también puede mantenerse en la aprobación y en ese caso la Corte Constitucional tomará una decisión final sobre la iniciativa.
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