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El consejero Presidencial para los Derechos Humanos, Francisco Barbosa, indicó que el Gobierno nacional rechaza que haya sistematicidad en los asesinatos de líderes sociales, porque el Estado no es cómplice y no está detrás de dichas muertes.
El funcionario señaló que las convenciones internacionales explican que existe sistematicidad cuando un Estado es el perpetrador de asesinatos a un sector de la población y la Corte Suprema de Justicia ratifica estos preceptos en sentencias.
"Nosotros rechazamos la sistematicidad en términos de que sea el Estado que está detrás de esto, porque no lo está, porque no hay plan preconcebido del Estado para asesinar a los líderes sociales, porque no existe patrones de conducta de que los hechos son aleatorios y no son hechos que se están produciendo por virtud de una razón específica, eso no quiere decir que le quitemos importancia a lo que está ocurriendo", manifestó el consejero presidencial.
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Barbosa entregó el reciente reporte sobre los asesinatos de líderes sociales, con corte al 31 de diciembre de 2019, entregado por el grupo élite de la Fiscalía General de la Nación y ONU.
Este reporte indica que para el año 2019 se presentaron 107 homicidios en 75 de los 1103 municipios del país, que equivale al 6,68 % de los municipios de Colombia.
El Gobierno señala que, de acuerdo a estas cifras, la reducción de los asesinatos de líderes sociales en el 2019 en comparación con el 2018, fue del 6 %.
Barbosa señala, además que aunque existe una reducción de los asesinatos de líderes sociales, esta situación es un asunto de honor y seguirán trabajando para que se de la reducción.
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"Como Gobierno Nacional, la violación a los Derechos Humanos o el asesinato de líderes sociales es un asunto de honor, de honor que no dejaremos de lado porque además, los líderes sociales justifican la existencia de una sociedad democrática y porque nos permite fortalecernos a todos como una comunidad pensante", manifestó el alto funcionario del Gobierno Nacional.
Sectores de oposición y el partido Farc critican al Gobierno y a Fiscalía por no declara sistematicidad la muerte de líderes sociales.
