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El Gobierno de Abelardo De la Espriella reveló nuevos detalles sobre la decisión de retirar a Salvatore Mancuso su designación como gestor de paz. La medida ya había sido conocida públicamente el 22 de septiembre, pero este sábado 26 de septiembre el Ejecutivo explicó con mayor detalle las razones que llevaron a tomarla.
La explicación estuvo a cargo de Miller Soto, vocero del Gobierno Nacional, quien presentó en un video los principales argumentos relacionados con la decisión y recordó los antecedentes judiciales que rodearon la designación de Mancuso.
La medida quedó establecida en la Resolución 429 de 2026, firmada por el presidente Abelardo De la Espriella el 21 de septiembre. Es decir, la decisión fue adoptada un día antes de que se hiciera pública.
La decisión ya había sido anunciada
La Resolución 429 ordenó retirar a Mancuso su condición de gestor de paz y estableció que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz debía comunicar la decisión a las autoridades correspondientes.
Mancuso había recibido esta designación durante el Gobierno de Gustavo Petro, mediante la Resolución 244 del 14 de agosto de 2023. En ese momento, la decisión hacía parte de la política de Paz Total y buscaba que el exintegrante de las AUC aportara información y experiencia en procesos relacionados con el desarme colectivo de grupos ilegales.
El Consejo de Estado fue clave en este caso de Mancuso
Uno de los principales antecedentes mencionados está relacionado con una decisión del Consejo de Estado del 4 de agosto de 2026.
Ese tribunal suspendió provisionalmente la designación de Mancuso como gestor de paz mientras estudia una demanda contra la decisión que había permitido su nombramiento.
El Consejo de Estado cuestionó que la resolución de 2023 no estableciera de manera clara por cuánto tiempo debía durar la designación, en qué lugares podía actuar Mancuso y cuáles eran exactamente sus funciones.
El alto tribunal también señaló que el Presidente tiene facultades para tomar decisiones relacionadas con la búsqueda de la paz, pero estas facultades deben respetar la Constitución, la ley y los derechos de las víctimas.
Este antecedente fue tenido en cuenta por el Gobierno para explicar el retiro de la designación.
¿Qué explicó Miller Soto?
En su intervención, el vocero del Gobierno explicó que la decisión debe entenderse dentro de las facultades que tiene el Presidente para dirigir la política de paz y preservar el orden público.
La Resolución 429 cita, entre otras normas, la Constitución Política, la Ley 418 de 1997 y la Ley 2272 de 2022, relacionadas con los mecanismos para buscar la paz y atender situaciones vinculadas con grupos armados.
De esta manera, el Gobierno sostiene que el Presidente puede decidir sobre este tipo de designaciones dentro de las competencias que establece la ley.
Mancuso mantiene sus procesos judiciales
Un punto importante es que retirar la condición de gestor de paz no significa que desaparezcan los procesos judiciales que existen contra Mancuso.
La decisión únicamente deja sin efecto su designación dentro de la política de paz del Gobierno anterior. Sus demás obligaciones y actuaciones ante las autoridades judiciales continúan por las vías correspondientes.
