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Un nuevo giro podría tomar la investigación que se adelanta en la Corte Suprema de Justicia contra la senadora del Pacto Histórico Martha Peralta, por el caso de corrupción de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD).
En las últimas horas se conoció que cuatro magistrados de la Sala de Instrucción remitieron, el pasado 27 de julio, a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes una denuncia contra su compañera magistrada Cristina Lombana, por presuntas irregularidades en el proceso que se le sigue a Peralta.
Dichas denuncias habían sido presentadas por su abogado Marlon Díaz, en un documento presentado el pasado 7 de julio en el que exponía algunas acciones de parte de la magistrada Lombana que ponían en duda sus actuaciones.
En el documento enviado al Congreso de la República, los magistrados aseguran que la información recibida daría cuenta de una supuesta “incidencia en el ejercicio efectivo del derecho de defensa y en las garantías propias del debido proceso”, además de “posibles irregularidades en la manera en que se han desplegado las competencias coercitivas dentro de esa actuación penal”.
“Por la posible incidencia penal y disciplinaria que pueden tener los hechos y las situaciones procesales descritos por el abogado defensor de la procesada, por medio de la presente remitimos a sus despachos copia del documento referido para lo que estimen de su competencia”, indican en la carta.
Denuncia del abogado
En la denuncia que había sido presentada ante la propia Corte Suprema, el abogado Díaz había puesto de presente algunos elementos que, a su juicio, constituyen una falta en el marco del proceso que se le sigue a la senadora Peralta.
En primer término, el jurista afirma que Peralta no tuvo un tiempo razonable para preparar su defensa porque las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla se practicaron apenas un día antes de su indagatoria y pese a haber solicitado el aplazamiento de la diligencia, la petición fue negada y posteriormente se ordenó la conducción de la congresista.
“En consecuencia, la suscrita ha contado con una oportunidad real y razonables para conocer el contenido de tales diligencias antes de la fecha señalada para su indagatoria, situación que hace necesario contar con un término adicional que permita acceder a dichas actuaciones y ejercer de manera efectiva, informada y plena el derecho fundamental de defensa material”, señala el documento.
La defensa de la parlamentaria también había solicitado a la Corte Suprema abstenerse de imponer una medida de aseguramiento por este caso, bajo el argumento de que no existen riesgos de fuga u obstrucción a la justicia.
“La sola existencia de una investigación penal, e incluso la eventual presencia de indicios graves de responsabilidad, que en este caso tampoco concurren, no habilita automáticamente la imposición de una medida de aseguramiento de detención preventiva”, dijo.
Además, señaló que no existen pruebas de que su cliente pertenezca a una organización criminal encaminada a saquear los recursos públicos de la UNGRD.
“Ninguno de los testimonios recaudados señala que la congresista acordó pertenecer a la asociación que, según la imputación realizada en la indagatoria, conformaron originariamente los altos funcionarios Luis Fernando Velasco, Carlos Ramón González, Olmedo de Jesús López Martínez y Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, con el objeto de cometer delitos indeterminados tendientes a ‘intercambiar votos en el congreso por contratos en diferentes entidades”, añade.
El documento presentado al alto tribunal también cuestionaba el principal elemento incriminatorio que existe contra la senadora Peralta y es el testimonio de Olmedo López, exdirector de Gestión del Riesgo, el cual, para el abogado, no ofrece un relato consistente que corrobore una conducta delictiva de la parlamentaria.
Ahora será la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes la que determine si existe o no algún elemento que permita investigar a la magistrada Lombana por estas denuncias.
