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La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes inspeccionó el 13 de noviembre el Consejo de Estado. La diligencia ocurrió cinco días después de abrir una investigación previa contra varios magistrados.
El expediente aún no define si será disciplinario o penal, pero su inicio es claro: una denuncia del comité político del Pacto Histórico en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que alega un presunto prevaricato.
Todo comenzó con las elecciones territoriales de 2023. Nicolás Gallardo Vásquez acaparó más del 70% de los votos con la coalición Avanzar es posible, una alianza del Partido Liberal, Cambio Radical, Centro Democrático y el Partido Conservador.
El 2 de noviembre de 2023, el presidente Gustavo Petro compartió un mapa en el que marcó “las gobernaciones ganadas por los movimientos y personas que estuvieron conmigo en la primera vuelta presidencial”. Gallardo fue uno de ellos.
Dos años después, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección por doble militancia, por haber apoyado a Delford Brackman Ortiz y Luis Manuel Torres James, del Nuevo Liberalismo, a la Asamblea Departamental.
La destitución de Nicolás Gallardo
La Quinta, con ponencia de Omar Barreto, no constató un apoyo al diputado Brackman, aunque en el expediente contencioso hubo fotos de él junto a Gallardo en eventos públicos, pero sí confirmó un impulso hacia Torres, exsecretario de Movilidad.
Brackman y Torres fueron los dos candidatos más votados de una coalición del Nuevo Liberalismo, los conservadores y Colombia Justa Libres, ambos con poco más de 380 votos. El Partido Liberal tuvo su propia lista, que alcanzó más de 9.000.
César Daniel Castro Muñoz demandó la elección de Gallardo. Sobre él no hay mayores rastros, pero sí del abogado con el que presentó la robusta nulidad: Carlos Manuel Alfaro Fonseca, un contratista actual de la Alcaldía de Bucaramanga.
Alfaro es especialista en Derecho Constitucional y tiene más de cuarenta años de experiencia. En el Consejo de Estado es un viejo conocido, por la vasta cantidad de demandas que ha presentado y en las que ha participado como coadyuvante.
La hija de Luis Torres, Kimberly, participó en el proceso de nulidad con un memorial en el que dijo defender los intereses de su hija menor de edad, quien “merece un futuro mejor, con gobernantes trabajadores, decentes y honestos”.
¿Un litigio en creole, o en español?
El expediente contra Gallardo tuvo unos 495 documentos, que además de la defensa del gobernador, del Consejo Nacional Electoral (CNE) y de los partidos que lo acompañaron, incluían cartas de isleños que querían respaldar a quien eligieron en las urnas.
Y Gallardo Vásquez —administrador de empresas y sobrino del excongresista condenado Julio Gallardo—, entre los tantos argumentos que usó para contestar la demanda, quiso darle prevalencia a que pertenece a la comunidad raizal.
“La parte demandada asegura que, por ser raizal, debe darse prevalencia a los derechos de las minorías étnicas. No obstante, debe reiterarse que la prohibición de la doble militancia debe aplicarse sin distinción alguna”, reseñó el Consejo de Estado.
Kimberly Torres tomó la premisa para presentar una tutela que devolviera a Nicolás Gallardo a su cargo. Planteó que la Sección Quinta exigía que las intervenciones en el proceso de nulidad fuesen en castellano, no en su natal creole.
La distancia entre el Pacto Histórico y la Comisión de Acusación
En principio tuvo una victoria, porque la Sección Segunda, que analizó la tutela, impuso una medida cautelar que regresó a Gallardo a la Gobernación mientras el alto tribunal traducía todo al creole y resolvía el asunto de fondo.
Pero no duró mucho. El 22 de octubre, con ponencia de la magistrada Elizabeth Becerra, la Sección Segunda declaró improcedente el amparo. Entre otros motivos, porque la propia Torres se había pronunciado voluntariamente en español.
A Torres se le unió Efraín Alberto Ángel González, quien decía defender los intereses del Centro Democrático, aunque nunca presentó un poder o un documento que lo demostrara. Por mayoría, la Segunda los desestimó de tajo.
El comité político del Pacto Histórico en San Andrés denunció a los magistrados que participaron en ambos procesos por presunto prevaricato, y la representante Gloria Arizabaleta abrió una investigación previa el 7 de noviembre.
Arizabaleta es presidenta de la Comisión de Acusación. Es congresista gracias al aval de La Fuerza de la Paz, el partido de Roy Barreras, su exesposo, y es parte del Pacto Histórico, aunque guarda una relación distante con la coalición.
De hecho, el exsenador y ahora candidato presidencial Barreras cuestionó la inspección de este miércoles, calificándola en un discreto trino como “una afrenta contra el Consejo de Estado, además de un error enorme”.
El caso del Consejo de Estado en la Comisión de Acusación va para largo
“Las diligencias de la Comisión de Acusaciones en el Consejo de Estado no constituyen un ‘operativo’ ni una afrenta; es una práctica de pruebas necesaria. Pero también entiendo que usted es médico y de eso sabe poco”, respondió Arizabaleta.
El auto de sustanciación del 7 de noviembre no nombró a ningún magistrado en específico. Tres días después, Arizabaleta, con otro auto, le pidió a la Defensoría del Pueblo asignarle defensores públicos a cuatro togados de la Sección Quinta.
Luis Alberto Álvarez Parra, presidente del Consejo de Estado, es uno de los sindicados. Omar Barreto, ponente de la destitución de Gallardo, es otro. Les siguen Gloria María Gómez Montoya y Pedro Pablo Vanegas Gil.
Mientras tanto, en la Sección Tercera avanza otra tutela que el consejero Nicolás Yepes Corrales admitió el 15 de octubre. Fue presentada por Francisco Bent Santana porque “no se ha garantizado la ejecución de la sentencia de nulidad” de Gallardo.
Bent fue candidato a la Asamblea por el Movimiento Progreso, pero no alcanzó los 120 votos. La colectividad inscribió a la Gobernación a Germán Pacheco Hawkins, quien logró una curul como diputado tras perder por unos 14.000 votos contra Gallardo.
