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La Fiscalía citó a audiencia de formulación de imputación a cuatro personas dentro de la investigación por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá durante la administración de Daniel Quintero.
Como parte de ese proceso judicial, fueron citados a audiencia de imputación de cargos Miguel Quintero, hermano del exalcalde; al exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana, Álvaro Alonso Villada García; a la contratista Vanessa Álvarez Restrepo y al particular Sebastián de Jesús Ortega.
La investigación se concentra en un contrato suscrito entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre los años 2020 y 2021. Según la hipótesis de la Fiscalía, durante ese proceso contractual se habrían presentado maniobras para direccionar la contratación, favoreciendo intereses particulares mediante el presunto desvío de recursos públicos, el cobro de comisiones económicas y otros beneficios indebidos.
La investigación de la Fiscalía abarca seis contratos celebrados entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí durante 2020 y 2021, cuyo valor conjunto asciende a 17.654 millones de pesos. Los convenios estaban orientados a actividades de formación para organismos de socorro y la comunidad, así como a la adquisición y entrega de elementos relacionados con la atención de la emergencia sanitaria por el Covid-19. Dentro de esos procesos también se incluyeron programas de capacitación para socorristas, la entrega de kits e insumos, actividades pedagógicas para la ciudadanía y la distribución de elementos promocionales.
Los delitos que imputará la Fiscalía
De acuerdo con el proceso, existen elementos materiales probatorios que permitirían atribuir una posible responsabilidad a los cuatro citados por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.
El primero de estos delitos está relacionado con la presunta intervención irregular de servidores públicos para favorecer a determinados contratistas. El segundo hace referencia al presunto uso o apropiación indebida de recursos públicos que, según la Fiscalía, habrían sido desviados durante la ejecución del contrato investigado.
La audiencia de formulación de imputación se llevará a cabo una vez la Rama Judicial fije la fecha y hora de la diligencia. En ese escenario procesal, la Fiscalía expondrá los elementos de prueba con los que sustenta la investigación y comunicará formalmente los cargos a cada uno de los investigados. Esa actuación no implica una condena, sino el inicio formal del proceso penal, en el que los implicados tendrán la oportunidad de ejercer su derecho a la defensa.
Daniel Quintero habla de persecución política
Tras conocerse la decisión de la Fiscalía, el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, reaccionó a través de su cuenta en la red social X. Allí aseguró que las actuaciones judiciales hacen parte de una persecución política en su contra y contra su hermano Miguel Quintero.
El exalcalde sostuvo que las investigaciones tienen motivaciones políticas y cuestionó el momento en el que se producen las actuaciones de la Fiscalía. No obstante, hasta el momento el ente acusador no ha hecho referencia a esas afirmaciones y ha mantenido que el proceso responde a los elementos probatorios recopilados durante la investigación.
Este expediente se suma a otros procesos judiciales relacionados con la administración de Quintero, en los que ya avanzan varios principios de oportunidad y acuerdos de colaboración con la justicia, mecanismos que han permitido a la Fiscalía fortalecer distintas líneas investigativas sobre presuntas irregularidades en la contratación pública.
La reacción del alcalde Federico Gutiérrez
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se pronunció a través de la red social X luego de conocerse la citación a imputación. El mandatario aseguró que el avance de este proceso hace parte del compromiso adquirido desde su campaña para denunciar las presuntas irregularidades detectadas durante la administración anterior.
En su publicación, Gutiérrez afirmó que Miguel Quintero y Sebastián Ortega deberán responder ante la justicia por el presunto saqueo a Medellín. Además, aseguró que las investigaciones relacionadas con la pasada administración ya dejan más de 650 hallazgos, 55 personas imputadas, cuatro principios de oportunidad y dos preacuerdos, e insistió en que las investigaciones deben continuar para establecer todas las responsabilidades penales que correspondan.
La audiencia de formulación de imputación quedará en manos de un juez de control de garantías, quien deberá escuchar a las partes dentro del proceso. Mientras tanto, las personas citadas mantienen la presunción de inocencia, principio constitucional que se conserva hasta que exista una decisión judicial en firme.
Tres preguntas clave para entender la noticia
¿Cuál fue el origen de la investigación?
La investigación surgió por presuntas irregularidades en seis contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, suscritos entre 2020 y 2021 por 17.654 millones de pesos, que habrían sido direccionados para favorecer intereses particulares, según la Fiscalía.
¿Quiénes fueron citados por la Fiscalía?
Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero; Álvaro Alonso Villada García, exsubdirector de Gestión Administrativa y Financiera del Área Metropolitana; la contratista Vanessa Álvarez Restrepo y el particular Sebastián de Jesús Ortega.
¿Qué investiga la Fiscalía?
La Fiscalía investiga un presunto direccionamiento de contratos entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí entre 2020 y 2021. El ente acusador sostiene que habría existido un desvío de recursos públicos mediante el cobro de comisiones y otros favorecimientos indebidos.
¿Qué sigue en el proceso?
La Rama Judicial deberá fijar la fecha para la audiencia de formulación de imputación. En esa diligencia, la Fiscalía formalizará los cargos y expondrá las pruebas que sustentan la investigación. Los procesados podrán ejercer su derecho a la defensa y el proceso continuará conforme a las etapas previstas en el sistema penal colombiano.
