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Las investigaciones penales por presuntas irregularidades de contratación durante la administración del exalcalde de Medellín Daniel Quintero Calle, registraron un avance definitivo.
La Fiscalía General de la Nación consolidó una de las líneas de investigación más avanzadas del expediente, centrada en los convenios celebrados entre Metroparques y el Parque de las Aguas, mediante el uso de un mecanismo de delación premiada.
Dentro de este proceso específico, la representante legal de 1Soluciones S.A.S., identificada formalmente como Yamilet Galindez, tomó la determinación judicial de acogerse a un principio de oportunidad.
Con este movimiento legal, la empresaria manifestó formalmente a los investigadores su plena disposición de colaborar con las autoridades competentes para el esclarecimiento de los hechos.
La hipótesis central que sostiene el ente acusador advierte sobre la existencia de un esquema de direccionamiento contractual diseñado rigurosamente para favorecer a determinadas empresas con la asignación de dineros estatales.
Según los cálculos financieros presentados por la Fiscalía, mediante los contratos bajo sospecha suscritos con la compañía de Galindez y otras sociedades vinculadas, se habrían direccionado cerca de 17.000 millones de pesos.
Red de corrupción y delación de contratos en el Parque de las Aguas
La colaboración de la representante legal de 1Soluciones S.A.S. resultará clave para el sustento probatorio del caso. De acuerdo con los voceros de la Fiscalía, la empresaria se comprometió a entregar información sobre la estructuración y ejecución detallada de los diversos contratos que en la actualidad son materia de investigación criminal.
Para los investigadores judiciales, estos datos permitirán reconstruir el modus operandi de lo que califican internamente como una presunta red de corrupción. El testimonio y los datos que aporte Galindez se sumarán de inmediato a otros testimonios y elementos de prueba técnicos que ya reposan en el expediente principal y con los cuales se busca individualizar y esclarecer las responsabilidades de cada uno de los implicados.
El foco de esta línea de indagación se concentra de manera exclusiva en los recursos destinados para la operación y mantenimiento del escenario recreativo. Dicha infraestructura turística y social se encontraba financiada principalmente con recursos del Área Metropolitana, fondos que, según la tesis de los fiscales, terminaron en manos de un consorcio cerrado de firmas comerciales previamente seleccionadas de forma irregular.
Avances de colaboración con la justicia en el Valle de Aburrá e Itagüí
El alcance de las pesquisas por presuntas anomalías en el manejo de la contratación pública no se limita únicamente a Metroparques.
De manera paralela, los despachos judiciales avanzan de forma prioritaria en el análisis de las operaciones que involucran directamente al Área Metropolitana del Valle de Aburrá y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí.
En el marco de este segundo frente investigativo, las autoridades confirmaron que al menos tres personas iniciaron procesos de colaboración activa con la administración de justicia.
El propósito de este grupo de ciudadanos es aportar información que permita determinar el alcance real y la cobertura de los hechos delictivos que son objeto de verificación formal.
Las autoridades judiciales indicaron finalmente que continúan las negociaciones judiciales activas con varios de los procesados que aparecen en los distintos folios. Estos acercamientos institucionales contemplan el otorgamiento de principios de oportunidad y eventuales preacuerdos de aceptación de cargos, herramientas con las que la Fiscalía General de la Nación busca desarticular los presuntos entramados de desviación de recursos en la región.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Cuál es el principal caso que investiga la Fiscalía en Metroparques y el Parque de las Aguas?
La Fiscalía investiga un presunto esquema de direccionamiento contractual en la ejecución de contratos entre Metroparques y el Parque de las Aguas, mediante el cual habrían sido favorecidas algunas empresas con recursos públicos. El caso se centra en la posible adjudicación irregular de contratos para la operación y mantenimiento del escenario.
¿A cuánto asciende el presunto desvío de dinero estatal mediante el direccionamiento contractual en Medellín?
Cerca de 17.000 millones de pesos se habrían direccionado de forma irregular para favorecer a un consorcio cerrado de firmas comerciales previamente seleccionadas. Según la hipótesis del ente acusador, el esquema corrupto utilizaba la contratación de la compañía de Yamilet Galindez y otras sociedades vinculadas para quedarse con los recursos públicos de la infraestructura turística.
¿Qué papel asumió la representante legal de 1Soluciones S.A.S. en el proceso?
Yamileth Galíndez, representante legal de 1Soluciones S.A.S., decidió acogerse a un principio de oportunidad y manifestó su disposición de colaborar con la Fiscalía. Según el ente acusador, entregará información clave sobre la estructuración y ejecución de los contratos que son materia de investigación.
¿Qué otras líneas de investigación están abiertas en este caso?
Además del caso de Metroparques, avanzan investigaciones por presuntas irregularidades en la contratación del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí. En ese proceso, al menos tres personas también han iniciado colaboración con la justicia, mientras continúan las negociaciones judiciales y análisis de posibles preacuerdos.
