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El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, envió una carta al presidente del Congreso de la República, Ernesto Macías, con las consideraciones que tiene sobre las objeciones de la ley estatutaria de la Jurisdicción Especial para La Paz (JEP).
El fiscal Martínez señaló que con estos planteamientos no tiene interés en saturar la JEP para hacerla inoperante, tras asegurar que lo que se busca es evitar que por ejemplo, la Corte Penal Internacional (CPI) pueda llegar a asumir competencia sobre aquellos reinsertados implicados en delitos y que no gocen de la condición que tienen los máximos responsables, ya que eso afectaría su seguridad jurídica.
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En la carta el fiscal hace especial relación a cuatro puntos clave para que el Congreso tenga en cuenta en su análisis como son los cuestionamientos al artículo 153 que supuestamente evitaría que señalados narcotraficantes sean extraditados.
En su oportunidad, en el Congreso el fiscal lo calificó como un ‘articulejo’ e indicó que “ahora por la puerta de atrás cualquier tercero que dice contribuir con la verdad, que no es sino un narcotraficante, por no es otro, no es el colombiano de bien porque a ese no lo piden en extradición”.
Según el fiscal esa disposición no sólo afectaría los compromisos de Colombia en materia de cooperación judicial sino que abre la posibilidad de que cualquier delincuente pueda reclamar la aplicación de la no extradición, bajo el pretexto de ofrecer la verdad.
Asimismo, sostiene que la eventual extradición no es excusa para que por videoconferencia en diligencias virtuales, incluso quienes llegan a someterse a la JEP, se puedan ser recepcionados sus testimonios y así respetar el derecho de las víctimas.
El fiscal también indicó que este artículo se convierte en una restricción a la facultad de ese organismo a ordenar capturas con fines de extradición.
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Hay que evitar ‘Colados’
De igual forma, señaló que es necesario que la Oficina del Alto Comisionado para La Paz la autoridad que impida la acreditación de delincuentes comunes en la lista de reinsertados.
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Martínez indicó que esa Oficina en los últimos cuatro años excluyó en su oportunidad a 383 personas que fueron relacionadas en los listados, pero realmente no pertenecían a las antiguas Farc.
Adicionalmente, el fiscal general también aseguró que la actual ley estatutaria de la Jep sirve en bandeja de plata a la Corte Penal Internancional, CPI, para que opere en Colombia sino se juzgan los crímenes de guerra y de lesa humanidad de las antiguas farc y agentes del Estado.
