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Uno de los principales cambios que se introdujo en la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) tiene que ver con la supresión de las facultades del organismo para decretar pruebas a la hora de definir la fecha de la comisión de un delito que implique la extradición.
Este punto puede afectar directamente a los desmovilizados de las Farc que sean requeridos por otros países, ya que tendrían poco margen de defensa ante la JEP por los delitos como el narcotráfico. Además, esto cambia las reglas de juego que se pactaron desde el principio.
El senador Roosevelt Rodríguez, quien fue ponente de la reforma constitucional que dio vida a la Justicia Especial de Paz, aseguró que “para determinar la fecha en la cual se cometió el delito, hay que practicar algunas pruebas, hay que solicitar pruebas documentales, con la proposición que se ha aprobado, no hay ninguna posibilidad de que los magistrados dicten pruebas más allá de los documentos que les envíen”.
Manifestó que “esto cambia las reglas de juego totalmente porque el acto legislativo determina que la sala que le corresponde estudiar el caso determinará si el delito se cometió antes del 01 de diciembre del 2016 o después. Para determinar eso, el acto legislativo supone que la sala debe solicitar las pruebas, por supuesto que hay un perjuicio”.
El senador Jorge Robledo afirmó que estas nuevas normas son violatorias de lo establecido en la Constitución Nacional.
“Sí se cambian las reglas del juego, lo mismo que la otra norma que da la posibilidad de que los militares se salgan de la Justicia Especial de Paz. Los dos artículos son inconstitucionales”, señaló Robledo.
Los congresistas señalan que los cambios que planteó el uribismo debieron tramitarse por medio de una nueva reforma constitucional tramitada a partir del 20 de julio próximo.
La plenaria del Senado aprobó este miércoles en último debate la ley de procedimiento de la Jurisdicción Especial de Paz con los cambios propuestos por el Centro Democrático.
Se acogió la propuesta presentada de ampliar la comparecencia de los miembros de la Fuerza Pública ante la Jurisdicción Especial de Paz, mientras se reglamenta la creación de una nueva sala en la JEP para su juzgamiento.
Por mayoría, los congresistas también decidieron quitarle cualquier facultad a la JEP de decretar pruebas en materia de extradición.
Es decir, los magistrados de esa jurisdicción ni siquiera podrán aplicar un acervo probatorio mínimo y solo tendrán que definir con base a los hechos, si la conducta cometida por un desmovilizado pedido en extradición fue anterior o posterior a la firma del acuerdo de paz.
