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El movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), aseguró que mantiene suspendida su actividad proselitista hasta tanto no haya un cambio significativo en las circunstancias que llevaron a tomar la decisión, y reiteraron su compromiso con la reparación integral de las víctimas.
En un extenso comunicado el Consejo Político Nacional de la FARC, indica: "no hay las suficientes garantías de seguridad previstas en el acuerdo; ni para nuestros integrantes, ni para los líderes sociales, ni para las comunidades en los territorios. El número de militantes nuestros asesinados ya pasa de los 50 después de la firma del Acuerdo Final; en el caso de los líderes sociales, la cifra alcanza 218".
Añaden que se vieron obligados a la suspensión temporal de la campaña electoral en los territorios. "Tal suspensión la mantendremos hasta tanto no apreciemos un cambio significativo en las señaladas circunstancias adversas".
También se quejan porque no han recibido los recursos para la financiación del Partido, "ni para la financiación de la campaña y aún se encuentran en la cárcel más de 500 integrantes de nuestra organización, convirtiéndonos en uno de los partidos surgidos de un acuerdo de paz con mayores presos políticos".
El Consejo Político Nacional de la FARC subraya que a las dificultades denunciadas se le suman "eventos de orquestado saboteo a nuestra campaña, que trascienden el legítimo derecho al disenso y la protesta, y han derivado en indeseables hechos de violencia política. De no controlarse a tiempo y escalarse, tal y como ha ocurrido en el pasado, pueden conducir a un nuevo genocidio político y al desencadenamiento de un nuevo ciclo de violencia".
Así mismo, en el comunicado la FARC reitera "el compromiso de asumir nuestras responsabilidades y cumplir con los propósitos de reparación integral, en las condiciones señaladas por el Acuerdo Final, tal y como esperamos ocurra con todos aquellos que participaron de manera directa o indirecta en la larga y dolorosa contienda militar".
También reiteraron la convocatoria a los partidos y movimientos políticos, organizaciones sociales, pueblos étnicos, medios de comunicación e iglesias, para promover y acompañar un acuerdo político nacional para la superación de todo vínculo entre violencia y política.
Pidieron una reunión urgente con el Gobierno con el fin de concertar mecanismos y acciones, "tendientes a generar condiciones al menos aceptables para nuestra acción y participación política; Solicitar una reunión con los representantes de los países garantes y con la segunda Misión de Naciones Unidas, a fin de exponer nuestras preocupaciones sobre los problemas diversos de la reincorporación política y la perspectiva del acuerdo de paz; Realizar reuniones de consulta e intercambio con las diversas expresiones organizadas de la sociedad civil".
