Fallo de la Corte IDH a favor de Petro podría favorecer a Uribe: Paloma Valencia

La Corte estableció que solo una sentencia penal condenatoria puede sacar del cargo a un funcionario de elección popular.
Paloma Valencia
La senadora es uno de las principales fichas políticas del Centro Democrático. Crédito: Colprensa

El Centro Democrático continua esgrimiendo tesis jurídicas que podrían favorecer al expresidente Álvaro Uribe Vélez, dentro del proceso que se le adelanta en la Corte Suprema de Justicia por presunta manipulación de testigos.

La senadora Paloma Valencia sorprendió al afirmar que el fallo que emitió la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en contra del Estado colombiano por la destitución del exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, también podría favorecer a Uribe.

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Según Valencia, ese organismo internacional determinó que los derechos políticos de una persona solo pueden ser suspendidos por medio de una sentencia penal condenatoria, lo cual no ha ocurrido en el caso de Uribe.

“La Convención Americana de Derechos Humanos, en su artículo 23, establece que los derechos políticos no pueden ser limitados sino por una sentencia penal condenatoria, de manera que el fallo a favor del exalcalde y hoy senador Petro también es aplicable al senador y presidente Álvaro Uribe”, indicó.

La senadora Paloma Valencia afirmó en este momento “no existe”, una sentencia penal condenatoria contra el exmandatario y por lo tanto “él no debió sufrir una detención preventiva y ningún político de elección popular podría sufrirla salvo cuando haya una sentencia condenatoria”.

La congresista afirmó que “esta será una de las modificaciones que surgirá a raíz de la sentencia de la CIDH a favor del senador Petro”.

En la decisión que tomó la Corte Interamericana también se afirma que las autoridades administrativas, como lo son la Procuraduría y la Contraloría, no pueden ordenar la destitución e inhabilidad de un funcionario elegido con voto popular.

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Precisamente, el exalcalde Petro le solicitó al Gobierno Nacional tramitar una reforma en el Congreso que deje claro lo establecido en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos frente a casos de esta naturaleza.





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