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Mientras el gobierno de Gustavo Petro lidia con un escándalo de presuntos acuerdos ocultos con el Clan del Golfo, el presidente saliente anunció el fin de la suspensión de la orden de extradición de Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’.
“Si es capturado, inmediatamente debe ser extraditado”, escribió el mandatario en su cuenta de X, su canal de comunicación más habitual. El envío de Ávila a Estados Unidos ha sido objeto, incluso, de confrontaciones entre el Gobierno y las cortes.
Chiquito Malo estuvo en una lista de veintinueve jefes del autodenominado Ejército Gaitanista de los que la Consejería Comisionada de Paz, al mando de Otty Patiño, le pidió a la Fiscalía General de la Nación levantar las órdenes de captura. La fiscal general, Luz Adriana Camargo, se negó.
El ente acusador aceptó colaborar con el Gobierno y acompañar el desplazamiento de los cabecillas a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) —áreas rurales para la concentración de miembros de grupos armados en tránsito a un acuerdo estatal—, pero sin levantar las órdenes de detención, al menos no antes del 25 de junio.
De acuerdo con la fecha que la Consejería Comisionada de Paz definió para el tránsito y la permanencia de los gaitanistas en las ZUT, “es a partir de ese día, y no antes, que empiezan los efectos de la inmunidad” y de posibles pausas en las órdenes, precisó la Fiscalía en un comunicado el 12 de mayo.
El 25 de junio se cumplía el plazo para que una fracción de los armados se trasladara a la zona de ubicación de Córdoba. En ese momento la Fiscalía iba a pronunciarse a fondo sobre si levantaba las órdenes de captura de varios cabecillas, entre los que en principio el Gobierno incluyó a Chiquito Malo, desatando un choque con la Rama Judicial.
Choque del Gobierno con la Fiscalía y las cortes por ‘Chiquito Malo’
La Consejería Comisionada de Paz anunció, sin embargo, que el término no se cumpliría, porque la zona no cumple con los requisitos, si bien la entidad no se explayó en las formalidades a las que se refiere. Entre tanto, un juzgado frenó la instalación de la ZUT de Putumayo porque el Ejecutivo omitió la consulta previa a las comunidades indígenas de la región.
El dictamen de la Fiscalía llamó la atención de la Corte Suprema de Justicia. La Sala de Casación Penal del alto tribunal, al mando de los magistrados Carlos Roberto Solórzano y Jorge Hernán Díaz, sesionó para estudiar la postura y el manejo que se les da a las solicitudes del Gobierno de levantar determinadas privaciones de la libertad.
El alto tribunal emitió un comunicado respaldando a la fiscal Camargo. La Sala Penal, y la Corte como corporación, apoyaron “el criterio” de la jefa del ente acusador y “comparten los planteamientos que formuló” al condicionar el levantamiento de las órdenes de arresto a “información suficiente y verificable” sobre el diálogo con el Clan.
Lo que motivó a la Sala Penal a reunirse fue la presencia de Jobanis Ávila, ‘Chiquito Malo’, en el listado de cabecillas que arribó a la Fiscalía. Ávila dirige desde 2021 el Clan del Golfo, la banda criminal heredera del paramilitarismo que se hace llamar Ejército Gaitanista y que aspira a someterse a la justicia negociando con el Gobierno.
Al mando de ‘Chiquito Malo’, el grupo ha alcanzado casi diez mil integrantes y delinque en al menos 296 municipios. El comisionado de paz, Otty Patiño, le pidió a la Fiscalía suspender la orden de captura de Ávila y de otros veintiocho alzados en armas con el pretexto del traslado a las Zonas de Ubicación en Chocó y Córdoba.
La jefa del ente investigador, Camargo, a través de la Resolución 142 del 11 de mayo de 2026 contestó que todavía no hay pruebas suficientes de que la negociación con ellos esté avanzada. “Todas las medidas adoptadas” para implementar las ZUT deben “necesariamente” cumplir “los condicionamientos legales”, añadió la Corte Suprema.
Extradición de ‘Chiquito Malo’ sigue en suspenso, pese al aval de la Corte y el anuncio de Petro
Antes del 25 de junio, el inicio enredado de las ZUT —que irían hasta el 31 de diciembre—, la Fiscalía filtró las identidades de los cabecillas, sus expedientes, las órdenes de captura en su contra, los antecedentes judiciales y los pedidos de extradición. En ese punto recayó en buena medida el interés de la Corte Suprema.
En enero, la Sala de Casación Penal emitió un concepto favorable frente a la extradición de Chiquito Malo. Desde junio de 2022, una corte federal de Florida, en Estados Unidos, requiere al sucesor de Dairo Antonio Úsuga David, alias ‘Otoniel’. La justicia estadounidense condenó a Úsuga a 45 años de cárcel en 2023.
Sobre Chiquito Malo pesan cargos de narcotráfico, por la producción y el envío de varios cargamentos de cocaína hacia Centroamérica, México y Estados Unidos. El aval de la Corte Suprema para una extradición no implica que el viaje forzoso a otro país sea obligatorio, pero pone de presente que existen argumentos para proceder.
La administración de Gustavo Petro hasta ahora no ha firmado la extradición de Chiquito Malo, a diferencia de otros jefes criminales, como Andrés Felipe Marín Silva, alias ‘Pipe Tuluá’, cabecilla de la banda La Inmaculada. El anuncio de Petro de este miércoles, primero de julio, no reveló el decreto al que se refiere y tampoco publicó el acto administrativo que concretaría la expulsión del antioqueño.
El proceso con el Clan del Golfo no está exento de controversias. Danilo Rueda, el primer comisionado de Paz del gobierno de Petro; Iván Velásquez, el exministro de Defensa que hoy es embajador en el Vaticano, y Jorge Lemus, el exdirector nacional de Inteligencia que dejó el cargo en medio de un escándalo con las disidencias de las Farc, tendrán que responderle a la Procuraduría General de la Nación.
El Ministerio Público abrió, de oficio, una indagación previa contra los exfuncionarios de la administración de izquierda tras la revelación de una serie de grabaciones telefónicas en las que se escucha a Rueda, en 2022, hablando con el Clan del Golfo para llegar a acuerdos en busca de un proceso de paz y sometimiento a la justicia.
Negociaciones con el Clan del Golfo e investigaciones en curso
Las conversaciones con el Clan, que se hace llamar Autodefensas Gaitanistas, han avanzado hasta el punto en que, por ejemplo, este año el grupo armado aseguró no tener menores reclutados forzosamente entre sus filas. Rueda, en septiembre de 2022, le prometió a la estructura que las operaciones militares en su contra iban a mermar.
El auto de cinco páginas con el que la Procuraduría arranca la indagación reseña que Velásquez, Rueda, Lemus y Ricardo Rey Rosanía —exdirector de contrainteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia, DNI— “habrían ofrecido cese al fuego unilateral, movimiento de tropas” y “limpieza en la inteligencia”.
“De otro lado, se habrían gestado reuniones en la Dirección Nacional de Inteligencia solicitando a personas de reconocidos nexos con el narcotráfico”, como Edward Rincón, alias ‘Boyaco Sinaloa’, “que apoyaran con sus contactos políticos la aprobación de un proyecto legislativo”, añade el documento.
El proceso formal con el Clan del Golfo empezó en septiembre de 2025 en Catar. En el primer ciclo las partes acordaron una etapa de construcción de confianza y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios. En diciembre del año pasado, en el segundo ciclo, se establecieron tres zonas de ubicación temporal para que los alzados en armas transitaran a la vida civil.
Dos meses después, en febrero de 2026, el Clan suspendió su participación en la mesa porque el Gobierno intensificó su cacería contra Chiquito Malo. Estados Unidos quiere su extradición, que la Corte Suprema de Justicia ya avaló pero que el Ejecutivo aún no ejecuta. Ahora el jefe de Estado cuestiona la “sinceridad” del grupo armado.
“Para lograr éxito en una negociación entre grupos armados organizados y el Estado, siempre debe haber, antes que nada, sinceridad. Sinceridad no hubo”, expresó el presidente Petro en su cuenta de X, en un mensaje en el que pidió que “se profundice” la política de ‘Paz Total’ y de sustitución de cultivos que implementó su gobierno.
Petro endurece su postura frente al proceso de paz con los gaitanistas
La Corte y la Sala Penal en mayo llamaron la atención “sobre el respeto que debe tenerse en relación con los compromisos internacionales del Estado en materia de cooperación judicial”, en una misiva que firmaron el presidente del alto tribunal, Iván Lenis, y el de la Sala de Casación, Carlos Roberto Solórzano.
“En unidad de criterio con la Fiscalía General de la Nación”, la Suprema permanece “atenta a la adecuada implementación” de los procesos de paz y de cualquier posible inmunidad. En la víspera, el vicepresidente de la Corte, Hugo Quintero Bernate —integrante de la Sala Penal—, celebró que la Fiscalía no suspendiera los arrestos.
Levantar una orden de captura con fines de extradición, como la de Jobanis Ávila, “genera un problema complicado internacional”, explicó Quintero, porque cualquier persona sobre quien haya un concepto favorable, “está casi a disposición de la autoridad que lo está requiriendo”, pues el Gobierno no suele oponerse al trámite.
En todo caso, el presidente Gustavo Petro salió al paso de la solicitud de su comisionado de Paz, Patiño. La lista de veintinueve cabecillas “no fue consultada con el presidente”, dijo en su cuenta de X, donde en su momento añadió que “en las primeras fases del proceso no actúan extraditables”.
Petro sostuvo una reunión en la Casa de Nariño con la delegación que conversa con los gaitanistas. El mandatario ordenó elaborar una lista de cuatrocientos combatientes del Clan que, se prevé, se movilizarán a las Zonas de Ubicación Temporal, pero excluyendo a quienes tienen solicitudes activas de extradición en Estados Unidos.
“Solo el cumplimiento de los acuerdos en desmantelamiento de economía ilícita y respeto a la población civil determinará si el proceso se declara en estado avanzado”, informó el jefe de Estado. Si el presidente decide librar a ‘Chiquito Malo’ de su envío a Norteamérica, “tiene que darnos las razones”, zanjó el magistrado Quintero.
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué Gustavo Petro reactivó la extradición de alias ‘Chiquito Malo’?
El presidente anunció el fin de la suspensión de la orden de extradición de Jobanis de Jesús Ávila, alias ‘Chiquito Malo’, y aseguró que, si es capturado, deberá ser enviado de inmediato a Estados Unidos. Petro justificó el giro afirmando que en el proceso con el Clan del Golfo “no hubo sinceridad”, lo que supone un endurecimiento de su postura frente a las negociaciones.
¿Qué papel han tenido la Corte Suprema y la Fiscalía en el caso de ‘Chiquito Malo’?
La Corte Suprema ya emitió un concepto favorable para extraditar al jefe del Clan del Golfo y respaldó la decisión de la Fiscalía de no levantar su orden de captura mientras no existan pruebas suficientes sobre el avance del proceso de paz con el grupo armado. Ambas instituciones advirtieron que cualquier decisión debe respetar los compromisos internacionales de Colombia en materia de cooperación judicial.
¿Cómo afecta la decisión de Petro al proceso de paz con el Clan del Golfo?
El cambio de postura se produce cuando el proceso atraviesa dificultades. La instalación de las Zonas de Ubicación Temporal sufrió retrasos, el Gobierno anunció que excluirá de los espacios a los cabecillas que tengan solicitudes activas de extradición, el Clan suspendió su participación en la mesa tras el aumento de operaciones militares, y la Procuraduría abrió una indagación por compromisos aparentemente ocultos entre el Ejecutivo y los gaitanistas.
¿Qué investigaciones rodean las negociaciones del Gobierno Petro con el Clan del Golfo?
La Procuraduría abrió una indagación previa contra el excomisionado Danilo Rueda, el exministro Iván Velásquez, Jorge Lemus y Ricardo Rey Rosanía por presuntos ofrecimientos al Clan del Golfo, luego de la revelación de audios sobre contactos reservados con la organización. El Ministerio Público busca establecer si hubo actuaciones irregulares durante la implementación de la política de 'Paz Total'.
