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Luego de que se conociera una carta que Timoleón Jiménez, alias Timochenko, envió al ex presidente Uribe, el congresista contestó a dicha invitación al diálogo.
En el comunicado emitido por el senador, se desplegan una serie de argumentos por los cuales está en contra del proceso de paz que se lleva hace más de 3 años en La Habana (Cuba), entre el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las Farc.
En el texto, Uribe indicó que las preocupaciones suyas y del Centro Democrático han sido expresadas, y no han tenido eco al interior del Gobierno, ni por las mayorías parlamentarias.
“Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito, ninguna audiencia han tenido en el gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El Gobierno nos conmina a adherir a La Habana para lo cual no ahorra formas de intimidación”, indicó en el comunicado.
Hacia el final del comunicado, el ex mandatario aseguró: “La paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riego para nuestra democracia”.
A continuación el comunicado completo emitido por Uribe:
Referencia: Carta del médico Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), cabecilla de Farc
Los medios de comunicación han informado sobre una carta que me ha dirigido el médico Rodrigo Londoño (Timoleón Jiménez), cabecilla de FARC.
Mis compañeros del Centro Democrático y mi persona, desde 2012, hemos expresado nuestras preocupaciones sobre las condiciones en que se han desarrollado los diálogos de La Habana y los contenidos de los acuerdos.
Haber adelantado el diálogo sin cese de actividades crimínales, verificable a través de la concentración supervisada, ha contribuido al aumento de la criminalidad y a la desconfianza en el proceso, ya que, sin esa concentración, se negó a la ciudadanía el derecho de inferir que Farc, con buena fe en la paz, era ajena a cualquier delito cometido. La exigencia seguramente habría demorado la iniciación del diálogo, pero este habría generado más credibilidad.
A ese aumento de la criminalidad también ha aportado el anuncio de impunidad total, plasmado en el acuerdo de justicia, que ha animado la expansión de los grupos delictivos y el incremento de delitos. Han crecido la extorsión; el control territorial terrorista sobre el pánico de ciudadanos que carecen de confianza en las autoridades; y, el narco tráfico que en los últimos 3 años ha ascendido de 43000 hectáreas de cultivos ilícitos a 159000. En números aproximados, Farc ha pasado de 6800 integrantes a más de 17000; el ELN recuperó la capacidad criminal, sus uniformes sirven a integrantes de Farc y la tiranía de Venezuela lo utiliza para chantajear al Gobierno de Colombia; y, las bandas criminales son cinco veces más grandes.
Si con el solo anuncio la impunidad se ha generado más crimen, qué podremos esperar cuando ya se haya implementado!
Vale recordar que el Gobierno ha aceptado al narco tráfico como conexo con el delito político, por ende sin cárcel ni extradición pero con elegibilidad política. Y en cuanto a las conductas que se aceptarían como atrocidades, el Gobierno dice que no hay impunidad porque los responsables serían investigados, juzgados y les impondrían sentencia. Sin embargo, la aceptación temprana de responsabilidad evitaría la cárcel.
En los anteriores términos el acuerdo genera ejemplo para que haya más violencia y no garantiza estabilidad. La impunidad es partera de nuevas violencias y dificulta el perdón sincero.
Desde la aproximación del Derecho Internacional son evidentes los riesgos de inestabilidad del acuerdo, no porque los guerrilleros de base no vayan a la cárcel, lo cual se acepta, pero si por falta de una reclusión carcelaria a los cabecillas, así sea relativamente corta. Se tipificaría la falta de castigo adecuado, sin que ese requisito lo pueda suplir la restricción de movilidad y de residencia, temas en los cuales la Farc ha contradicho al Gobierno, y presentan una ambigüedad generadora de dificultades posteriores.
La reclusión carcelaria, como parte del castigo adecuado, surge de la Corte Penal Internacional y también de la Convención Americana de Derechos Humanos. No obstante que nuestra democracia, atacada por el narco terrorismo, no es comparable con conflictos entre civiles en armas y dictaduras del continente, debe tenerse en cuenta que las leyes de punto final han sido derogadas, están cuestionadas en sus países o son inaplicadas. En Colombia se avanza hacia una ley de punto final con el disfraz de condena retórica, sin cárcel, a los responsables de atrocidades.
Desde el Derecho Interno la insostenibilidad del texto de La Habana se hace más evidente con el abuso del Gobierno de pretender llevarlo a normas inmodificables de la Constitución por la vía de los convenios de Ginebra, que no son para legalizar al terrorismo sino para humanizar conflictos, inicialmente internacionales.
A lo anterior se suma la elegibilidad política sin importar la atrocidad del delito, en contravia de la prohibición que es tendencia de la democracia, que no se desvirtúa por la discusión judicial en España para permitir que un integrante de ETA sea elegido después de estar varios años en la cárcel.
No es cierto que se proteja a las victimas. El Gobierno ha permitido que Farc no aporte un peso para repararlas. Además, la impunidad total niega la reparación superior que es el derecho a la no repetición de la violencia.
Invocar el derecho restaurativo en favor de las víctimas para justificar la falta de cárcel a los responsables de atrocidades es injusto y peligroso: sin castigo carcelario, punitivo, se impide la disuasión del criminal que es objetivo del derecho restaurativo.
Nuestras Fuerzas Armadas de la Democracia han sido igualadas con el terrorismo. El acuerdo de justicia pone de igual a igual a los comandantes institucionales con los cabecillas de Farc, cuando la misión de los primeros es la protección de la ley y del ciudadano, y la de Farc es el delito, así lo encubran con la pretensión del derecho a la rebelión.
Sometidos civiles y militares a los jueces escogidos con intervención de Farc, para evitar el riesgo de ir a la cárcel muchos preferirán reconocer un delito incluso no cometido. Hemos insistido en la propuesta de una solución independiente para las Fuerzas Armadas, con alivio judicial y sin impunidad.
Imposible entender que el Gobierno trate a un grupo como actor político y tolere que continúe con el reclutamiento de menores y de jóvenes.
Hemos expresado nuestra preocupación por los riesgos para la economía privada que se derivan del texto de La Habana. Creemos que la pobreza de Colombia no es por culpa de la empresa privada sino por falta de más empresa privada con todas las posibilidades de inclusión. A diferencia de Chávez que inicialmente ocultó su castrismo, Farc presenta el fracasado Socialismo del Siglo XXI como cartabón doctrinario para excusar sus delitos. Las prácticas del Gobierno, restrictivas a la empresa privada, perfilan agravarse con la implementación del texto de La Habana.
Nuestras preocupaciones y alternativas están por escrito, ninguna audiencia han tenido en el Gobierno ni en las mayorías parlamentarias. El Gobierno nos conmina a adherir a La Habana para lo cual no ahorra formas de intimidación.
Recientemente las examinamos en detalle con Kofy Annan, Ex Secretario de Naciones Unidas, quien nos anunció transmitirlas a la Farc. Las hemos hablado en detalle con el doctor Álvaro Leyva, con el señor Aronson, delegado de los Estados Unidos, quienes también pueden ser portadores ante Farc, así no las compartan.
Que el Gobierno imponga los textos de La Habana, fuerce su incorporación a la Constitución y al Ordenamiento Jurídico, valido de simulada juridicidad con notoria ilegalidad y desdén por la democracia, causa incertidumbre política y la posibilidad que cambios en el futuro los deroguen.
La paz no está en discusión, están en discusión su eficacia, su sostenibilidad y el riesgo para nuestra democracia,
Álvaro Uribe Vélez
Montería, Mayo de 2016
