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La captura del exgobernador de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Everth Julio Hawkins Sjogreen, en Barranquilla, puso nuevamente bajo la lupa judicial la situación de seguridad y las presuntas redes de intimidación que operarían en el archipiélago.
El exmandatario fue detenido por unidades de la Policía Nacional en cumplimiento de una orden judicial, dentro de una investigación adelantada por la Fiscalía General de la Nación por su presunta participación en hechos de extorsión agravada y secuestro extorsivo.
De acuerdo con las primeras informaciones entregadas por el ente acusador, Hawkins es señalado de tener vínculos con el grupo delincuencial conocido como ‘Las Salsas Mexicanas’, al que se le atribuye la intimidación de comerciantes y contratistas para exigirles millonarias sumas de dinero.
La investigación busca establecer si el exgobernador habría recurrido a integrantes de esa estructura para presionar económicamente a personas que desarrollaban actividades comerciales y contractuales en la isla.
La captura se conoce en medio de la polémica por los señalamientos del presidente Abelardo De La Espriella contra la actual dirigencia política del archipiélago.
La Fiscalía habla de exigencias por $3.000 millones
Raúl González, fiscal delegado contra la Criminalidad Organizada, explicó que la captura se produjo como resultado de una investigación liderada por una fiscal del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula), adscrita a la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales.
“En cumplimiento de una orden de captura solicitada por un fiscal Gaula de la Dirección Especializada contra Organizaciones Criminales, la Policía Nacional capturó en Barranquilla a Everth Julio Hawkins, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los elementos materiales probatorios indican que tendría vínculos con un grupo delincuencial denominado Las Salsas Mexicanas, dedicado a extorsionar a algunos comerciantes de la isla”.
Según el material probatorio recopilado por los investigadores, las presuntas intimidaciones estarían relacionadas con exigencias económicas a personas que tenían negocios o contratos en el departamento.
La Fiscalía busca determinar si Hawkins habría facilitado el contacto con integrantes de la estructura delincuencial para presionar a las víctimas y obtener los recursos exigidos.
Contratistas habrían sido amenazados con afectar su integridad y la de sus familias
Uno de los elementos más delicados de la investigación tiene que ver con las presuntas amenazas contra contratistas de la administración departamental. De acuerdo con la Fiscalía, las exigencias económicas habrían estado acompañadas de advertencias sobre posibles consecuencias para las víctimas y sus familiares si no accedían a entregar el dinero.
González entregó detalles sobre el avance de las pesquisas y la cantidad de personas identificadas hasta el momento.
“Hasta el momento han sido documentadas tres víctimas, dos de las cuales son contratistas de la gobernación, a quienes, al parecer, les exigió el pago de 3.000 millones de pesos. Dichas exigencias se hacían a cambio de permitirles continuar con su actividad comercial y preservar su integridad personal y familiar. La Fiscalía le imputará al exgobernador los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo”.
La información entregada por el fiscal menciona tres víctimas documentadas, dos de ellas contratistas de la Gobernación. En el caso de estas últimas, el monto total que presuntamente les exigieron asciende a $3.000 millones.
Uno de los episodios investigados habría incluido la retención de una familiar de una de las personas afectadas. Según la hipótesis de los investigadores, esta situación habría sido utilizada como mecanismo de presión para obtener el dinero.
Las autoridades deberán establecer las circunstancias de esa retención, la identidad y participación de los presuntos responsables y la relación que habría tenido el exgobernador con los hechos.
¿Qué papel habría tenido ‘Las Salsas Mexicanas’?
El nombre de ‘Las Salsas Mexicanas’ aparece en la investigación como el de una estructura delincuencial presuntamente dedicada a extorsionar a comerciantes de San Andrés.
La hipótesis de la Fiscalía apunta a que sus integrantes habrían sido utilizados para intimidar a las víctimas y presionarlas para que entregaran dinero. Sin embargo, será necesario que las autoridades judiciales sustenten las pruebas sobre los posibles vínculos entre Hawkins y los miembros de esa organización.
La investigación también deberá esclarecer si las amenazas respondían a una estrategia para controlar actividades comerciales y contractuales en el archipiélago.
Por ahora, la captura no constituye una declaración de culpabilidad. La responsabilidad penal del exmandatario tendrá que determinarse dentro del proceso judicial, con respeto por la presunción de inocencia y el derecho a la defensa.
Hawkins será presentado ante un juez
Tras su captura en Barranquilla, el exgobernador será presentado por una fiscal del Gaula ante un juez de control de garantías.
Durante las audiencias preliminares, la Fiscalía le imputará los delitos de extorsión agravada y secuestro extorsivo. En esa etapa, el ente acusador expondrá los hechos jurídicamente relevantes y los elementos que sustentan su investigación.
Será el juez quien evalúe las solicitudes que presenten las partes, incluidas las relacionadas con una eventual medida de aseguramiento, si la Fiscalía la solicita.
El proceso permitirá conocer con mayor precisión las circunstancias de los hechos, el alcance de las presuntas amenazas y las pruebas que vincularían al exgobernador con la estructura delincuencial.
El contexto político: De La Espriella confrontó a la gobernadora
La captura de Hawkins se conoce en medio de un ambiente de tensión política en San Andrés, luego del enfrentamiento verbal que protagonizó el presidente Abelardo De La Espriella con la gobernadora Girley Natacha Ordóñez Bowie y la representante a la Cámara Elizabeth Jay-Pang Díaz durante su visita al archipiélago.
El episodio ocurrió en la Base Naval, después de los anuncios del Gobierno nacional sobre la intervención del Hospital Departamental, ordenada por la Superintendencia Nacional de Salud ante las dificultades que afrontaba el centro asistencial.
Durante el encuentro, el presidente cuestionó a las dos dirigentes por su supuesta oposición a la medida y lanzó señalamientos sobre el manejo de los recursos públicos y la contratación en la isla.
“Mandamos a intervenir el hospital porque llevan años robándose el hospital y ustedes mandaron a su gente a atravesarse”, afirmó el mandatario, según las declaraciones divulgadas por medios nacionales.
De La Espriella también se dirigió a la representante Jay-Pang y lanzó cuestionamientos sobre la presunta influencia de su esposo en la contratación de la Gobernación.
“Toda la isla lo sabe, cómo se manejan aquí los recursos, cómo se hace politiquería. Toda la isla sabe que su marido está detrás de la contratación de la gobernación, doctora”, sostuvo el presidente.
Las declaraciones generaron una reacción inmediata de las dirigentes, quienes rechazaron los señalamientos y pidieron que sus actuaciones fueran evaluadas con base en información contrastada.
¿Qué respondió la gobernadora de San Andrés?
La gobernadora Girley Natacha Ordóñez calificó el episodio como lamentable y cuestionó que el presidente hiciera señalamientos públicos sin brindarle un espacio para presentar su versión de los hechos.
“Considero que debe de escuchar varias caras de la información, no simplemente parcializarse”, manifestó.
La mandataria también negó haberse opuesto a la intervención del hospital y aseguró que había solicitado apoyo al Gobierno Nacional para enfrentar la crisis de la institución.
Según explicó, cuando asumió la Gobernación, el gerente del centro asistencial llevaba 16 meses en el cargo y había sido seleccionado mediante un concurso de méritos. Añadió que sus asesores jurídicos le indicaron que no podía removerlo antes de que terminara su periodo institucional.
Ordóñez sostuvo que acompañó la decisión de intervención adoptada por la Superintendencia de Salud y que su administración había buscado coordinar acciones con el Gobierno nacional.
En relación con los cuestionamientos sobre la gestión de los recursos públicos, la gobernadora reconoció que existen problemas de ejecución y resultados que deben ser revisados, aunque indicó que parte de la contratación de la vigencia actual había sido ejecutada o comprometida antes de su llegada al cargo.
La representante Elizabeth Jay-Pang, por su parte, negó haber promovido acciones para frenar la intervención hospitalaria y rechazó los señalamientos sobre la contratación. También aseguró que su esposo no tiene contratos con la Gobernación y pidió que se investiguen las denuncias con pruebas.
Las respuestas de ambas dirigentes no resuelven por sí solas los cuestionamientos planteados por el presidente, pero constituyen su versión frente a las acusaciones públicas.
Una crisis que combina seguridad, contratación y salud pública
La captura del exgobernador y la confrontación política ocurren en un momento en el que las autoridades nacionales han puesto atención sobre distintos problemas administrativos y de seguridad en San Andrés.
Por un lado, la investigación contra Hawkins busca establecer si existieron vínculos entre el exmandatario y una organización delincuencial para intimidar a contratistas y comerciantes. Por otro, el Gobierno nacional anunció medidas para intervenir el Hospital Departamental y cuestionó el manejo de recursos públicos en el archipiélago.
Se trata, sin embargo, de asuntos distintos que deben examinarse por separado. La investigación penal contra Hawkins tiene que avanzar con base en pruebas y decisiones judiciales, mientras que los señalamientos políticos y administrativos requieren sus propias verificaciones por parte de los organismos competentes.
La captura del exgobernador en Barranquilla representa un nuevo capítulo judicial para la política de San Andrés. Las audiencias preliminares permitirán conocer los argumentos de la Fiscalía, la posición de la defensa y las decisiones que adopte el juez de control de garantías.
Por ahora, Hawkins enfrenta una investigación por presunta extorsión agravada y secuestro extorsivo, mientras las autoridades continúan recopilando elementos para establecer quiénes habrían participado en las intimidaciones y cuál habría sido el alcance de la estructura delincuencial investigada.
Preguntas claves sobre el caso
¿Por qué capturaron en Barranquilla al exgobernador Everth Julio Hawkins?
Fue capturado por orden judicial dentro de una investigación de la Fiscalía por su presunta participación en hechos de extorsión agravada y secuestro extorsivo contra contratistas y otras personas en San Andrés.
¿Cuánto dinero habrían exigido a las víctimas?
Según la Fiscalía, a dos contratistas de la Gobernación les habrían exigido un total de $3.000 millones. Los investigadores también documentaron una tercera víctima y analizan un episodio en el que presuntamente fue retenida una familiar para presionar el pago.
¿Qué relación tendría Hawkins con ‘Las Salsas Mexicanas’?
La hipótesis de la Fiscalía señala que el exgobernador habría tenido vínculos con esa estructura delincuencial y que sus integrantes habrían sido utilizados para intimidar a las víctimas. La supuesta relación y el grado de participación del exmandatario deberán demostrarse durante el proceso judicial.
¿Qué ocurrió entre el presidente De La Espriella y la gobernadora de San Andrés?
Durante una visita al archipiélago, el presidente cuestionó a la gobernadora Girley Natacha Ordóñez y a la representante Elizabeth Jay-Pang por la intervención del hospital departamental y por presuntas irregularidades en la contratación. Ambas negaron haberse opuesto a la medida y pidieron que sus actuaciones fueran evaluadas con información contrastada. La controversia política es independiente del proceso penal que enfrenta Hawkins.
