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Sectores políticos de oposición cuestionaron el borrador del Estatuto Antiterrorista que presentará el Gobierno Nacional ante el Congreso de la República, advirtiendo que algunas de las medidas contempladas podrían generar riesgos para los derechos humanos.
Ante la ONU, durante la sesión 81 de la Cuarta Comisión de Naciones Unidas de Políticas Especiales, el representante del Pacto Histórico Alejandro Toro, presentó las cinco preocupaciones que tienen relacionadas con el alcance que podría tener la iniciativa y pidió que el debate se concentre en establecer definiciones precisas, determinar la calidad de las pruebas, además de garantizar mecanismos judiciales efectivos frente a eventuales decisiones de las autoridades.
“Combatir el terrorismo es una obligación del Estado. Garantizar que ese poder no se utilice contra ciudadanos inocentes también lo es. La seguridad no puede convertirse en una excusa para desconocer derechos”, manifestó Toro.
Uno de los puntos señalados tiene que ver con la posibilidad de que una persona fuera incluida en una lista pública de presuntos terroristas sin que existiera una condena judicial. A su juicio, esta medida requeriría garantías suficientes para evitar errores, abusos o decisiones que carezcan de sustento.
Toro también advirtió sobre las consecuencias económicas que podrían derivarse del congelamiento de cuentas o de restricciones para acceder a contratos y ayudas públicas. Según el congresista, estas medidas podrían afectar el sustento de una persona y de su familia antes de que tuviera la posibilidad de ejercer plenamente su defensa.
Otro de los riesgos planteados está relacionado con las definiciones que utilice el Estatuto. El dirigente político señaló que conceptos ambiguos podrían facilitar interpretaciones que afectan actividades como la protesta pacífica, el periodismo, la investigación o la oposición política, por lo que pidió que estas expresiones quedaran protegidas de manera explícita.
El congresista también cuestionó la posibilidad de que los mecanismos judiciales de defensa operen de manera tardía. En ese sentido, sostuvo que los ciudadanos deberían contar con una intervención judicial oportuna que pudiera detener eventuales arbitrariedades antes de que ocasionaran daños irreparables.
“Una política antiterrorista debe proteger a la ciudadanía. Exigimos garantías para que nadie pierda su reputación, su sustento o su seguridad por un señalamiento arbitrario del poder”, añadió.
Finalmente, llamó la atención sobre el uso de la fuerza y sostuvo que la inclusión de una persona en una lista no debería convertirse automáticamente en una justificación para tratar a civiles como objetivos militares ni para desconocer las obligaciones de protección de la población.
