Elecciones regionales: Nuevo Liberalismo pide medidas cautelares por amenazas a sus candidatos

Juan Manuel Galán, director del Partido Nuevo Liberalismo viajó a Washington (Estados Unidos) para solicitar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares urgentes para los miembros de la colectividad y especialmente para 27 de los candidatos a las elecciones regionales del 29 de octubre, quienes han sido objeto de amenazas contra sus vidas.

En un documento de 12 páginas, el dirigente político expuso la difícil situación de orden público que atraviesa el país y la falta de garantías por parte del Estado para garantizar la tranquilidad y trasparencia de los próximos comicios.

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“En la actual contienda electoral varios de los candidatos avalados por el partido han denunciado y solicitado a las autoridades en el país, garantías de protección para su integridad y vida, sin que las medidas de protección hayan sido suficientes y eficaces y, por el contrario, se mantiene el riesgo para cada uno de nuestros miembros”, dijo el director del partido.

De manera particular, alertan la situación del candidato a la Alcaldía de Maicao (La Guajira) Miguel Felipe Aragón González, “quien se enfrenta a un riesgo excepcional, ya advertido a la UNP, al estar amenazado de muerte y convertirse en el candidato más fuerte en las elecciones luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) revocara la candidatura a la Alcaldía de Maicao de Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro”.

Sin embargo, este no es el único argumento de la denuncia. Según esta colectividad, existe una evidente participación en política del presidente de la República, Gustavo Petro y otros funcionarios del Gobierno Nacional al convocar marchas masivas en medio del debate electoral.

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“Esta conducta favorece a los candidatos del Pacto Histórico, partido que lo llevó a la ocupar la primera magistratura, desconociendo así las prohibiciones y las normas constitucionales”, se lee en el documento.

En ese sentido, Galán pidió a la CIDH que ordene a los funcionarios de la Rama Ejecutiva que se abstengan de hacer cualquier manifestación o publicación que favorezca al partido de gobierno y que se le prohíba al presidente Petro convocar marchas o movilizaciones por la vida, “además de pedirle no seguir pronunciando discursos de odio que sigan poniendo en riesgo la vida de los candidatos”.