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El Consejo de Estado admitió una tutela que fue interpuesta por el registrador nacional, Hernán Penagos, en contra del expresidente Gustavo Petro para que rectifique las afirmaciones que lanzó en plena campaña sobre un presunto fraude electoral en los comicios presidenciales y de Congreso que se llevaron a cabo este año.
En el documento presentado ante el alto tribunal, Penagos asegura que Petro utilizó la Presidencia de la República como una plataforma para promover, desde el Gobierno Nacional, la idea de que supuestamente se habrían presentado irregularidades durante las votaciones.
Según lo expuesto en el documento, en varios trinos publicados en su cuenta oficial de X y en una reunión del Consejo de Ministros que se transmitió públicamente, “el entonces Presidente le imputó, de manera directa, a él y a la Registraduría Nacional del Estado Civil, la comisión de un fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2026, lo que justificó, entre otras, en la modificación del censo electoral y del número de puestos y mesas de votación; la supresión de los mecanismos de seguridad y trazabilidad de los formularios E-14; la alteración de las direcciones IP de los servidores de la entidad; la existencia de bloques matemáticos que darían cuenta de una manipulación de resultados y la negativa a permitir la auditoría del código fuente”.
Dijo que estas acusaciones se hicieron “sin evidencia que respaldara tales acusaciones y sin ser la autoridad competente para formularlas”.
Además, advierte que formalmente solicitó la rectificación de estos señalamientos, pero que vencido el término de 15 días hábiles, no obtuvo ninguna respuesta ni corrección sobre los mismos.
Límites de libertad de expresión del presidente
Entre las pretenciones del registrador nacional, es que Gustavo Petro rectifique la información “inexacta y errónea” que difundió sobre los resultados electorales. Pero no solo eso, también pide que se haga un examen de “los límites constitucionales de la libertad de expresión y del poder-deber de comunicación de quien ejercía el cargo de Presidente de la República, frente a imputaciones de contenido penal dirigidas de manera directa al titular de un órgano de la organización electoral y a la entidad que dirige”.
Tras la admisión de esta tutela, el Consejo de Estado le dio tres días al expresidente Petro para que ejerza su derecho a la defensa y rinda informe sobre los señalamientos que se le hacen en esta acción de tutela.
