La FM en Google News
La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), María Carolina Restrepo, presentó el pasado 1 de octubre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas amenazas contra servidores públicos e injuria sobre publicaciones en redes sociales.
La funcionaria solicitó establecer quiénes administran tres perfiles que están señalados en el documento y determinar si otras personas tienen responsabilidad en los hechos.
Según Restrepo, algunos contenidos superaron los límites de la crítica política al mencionar referencias concretas sobre el lugar donde se encontraba y comentarios sobre la posibilidad de un encuentro presencial con ella.
En la denuncia se menciona que estos sujetos sabían que Restrepo estaba en el aeropuerto de Cali a finales de septiembre. En ese mensaje, una persona aseguró conocer la ubicación de la funcionaria y manifestó que sintió ganas de acercarse para preguntarle “qué tiene en la cabeza”.
Otro punto de la denuncia es sobre una usuaria que afirmó que vería pronto a la directora del ICBF. Dijo que no sabía cómo conseguiría “ser lo suficientemente protocolaria”.
Restrepo se percató de una diferencia entre esos mensajes y las críticas o los insultos. Su preocupación, según explicó, es sobre la publicación de información sobre su ubicación y sobre un posible acercamiento personal.
“Estas dos publicaciones son distintas de la crítica o del insulto. En ellas se divulga el lugar preciso en el que me encontraba y se anuncia, primero por una persona y luego por otra, la intención de acercarse a mí o de verme personalmente”, expresó la directora del ICBF.
Según su denuncia, esa situación generó temor por su seguridad. La Fiscalía deberá revisar el contenido de las publicaciones y establecer si los hechos descritos tienen relevancia penal.
¿Qué perfiles aparecen en la denuncia presentada por María Carolina Restrepo?
El documento presentado ante la Fiscalía muestra tres perfiles. Se trata de “Andrés Pérez Obando”, en Facebook, y de “Amalia Andrade A.” y “Shibussan”, en X.
La solicitud de investigación también habla sobre otras personas que puedan tener algún grado de responsabilidad en los hechos. La funcionaria pidió determinar quiénes administran las cuentas señaladas, verificar el contenido de los mensajes y establecer las circunstancias relacionadas con su difusión.
¿Qué dijo Abelardo De La Espriella sobre la denuncia?
El presidente Abelardo de La Espriella se pronunció sobre el caso y expresó respaldo a la directora del ICBF. En su mensaje, rechazó las amenazas contra Restrepo y sostuvo que la funcionaria cuenta con el apoyo del Gobierno.
“Rechazo de manera categórica las amenazas contra la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la doctora María Carolina Restrepo”, manifestó el mandatario.
De La Espriella agregó que Restrepo cuenta con su respaldo y señaló: “Quien se mete con un funcionario de mi Gobierno se mete con el Tigre”.
En el mismo pronunciamiento, el presidente relacionó el trabajo de la directora del ICBF con las acciones de su Gobierno frente al manejo de los recursos destinados a la niñez. “¡Vamos por todos los corruptos que se roban los recursos del ICBF y les arrebatan a nuestros niños su bienestar y su futuro! Tendrán que responder ante la justicia”, afirmó.
¿Cuándo presentó María Carolina Restrepo la denuncia?
La directora del ICBF presentó la denuncia ante la Fiscalía General de la Nación el 1 de octubre de 2026, según la información divulgada sobre el caso. La actuación busca que las autoridades revisen las publicaciones y determinen posibles responsabilidades. (Semana)
¿Qué publicaciones motivaron la denuncia?
Uno de los mensajes mencionó la presencia de Restrepo en el aeropuerto de Cali a finales de septiembre y planteó la posibilidad de acercarse a ella. Otro contenido señaló que una usuaria esperaba encontrarse con la directora del ICBF y mencionó la dificultad para mantener una actitud “protocolaria”. Restrepo consideró que ambos mensajes superaron el ámbito de la crítica política.
¿Qué deberá determinar la Fiscalía?
La Fiscalía deberá establecer quiénes administran los perfiles señalados, revisar los contenidos incluidos en la denuncia y determinar si las conductas descritas tienen relevancia penal. La autoridad también deberá establecer las eventuales responsabilidades de las personas vinculadas con las publicaciones.
