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El mes pasado el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez, quien lleva la investigación en el Consejo Nacional Electoral por supuestas irregularidades en las cuentas de campaña de Humberto de la Calle, presentó una denuncia penal en contra de una exfuncionaria de la corporación por la posible pérdida de parte del expediente del excandidato.
En aquella ocasión, Gutiérrez señaló que Martha Emilia Gil, que trabajaba en el Fondo de Financiación Política del CNE, podría tener algún tipo de responsabilidad por el extravío de más de 8.000 folios de este proceso.
En contexto: Exfuncionaria del CNE fue denunciada por posible pérdida de parte de expediente de De la Calle
Sin embargo, el alto funcionario amplío esta denuncia nuevamente ante la Fiscalía General de la Nación y pidió que se investigaran otros funcionarios del Consejo Electoral.
“Complemento esta denuncia en cuanto a que posiblemente otras personas incurrieron en infracción penal y actualmente desempeñan cargos en la entidad, en el Fondo Nacional de Financiación Política del Consejo Nacional Electoral: el asesor, doctor Julio César García López (…) y la contadora Andrea Michell Viloria Ramírez”, indica la denuncia.
En el documento entregado a la Fiscalía, el magistrado Pedro Felipe Gutiérrez señala que estos dos funcionarios del CNE le habrían impedido adelantar a fondo la investigación.
Según Gutiérrez, entre el asesor Julio César García y la contadora Andrea Viloria “mantuvieron clandestina la documentación que reposaba en esa dependencia del Consejo Nacional Electoral, impidiendo que se pudiera realizar el estudio de fondo del informe de ingresos y gastos de la campaña electoral del doctor Humberto de la Calle Lombana”.
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Ante esta circunstancia, formuló la denuncia penal en contra de estas personas para que se investigue la presunta comisión de delitos en el trámite de la certificación de la cuenta del informe de ingresos y gastos de la campaña a la Presidencia de Humberto de la Calle.
Además, afirma que continuará investigando para establecer si se presentaron o no irregularidades en la utilización de los recursos públicos.
