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Fue desde el Centro Democrático que empezó a promoverse este martes un proyecto de reforma a la Constitución para bloquear el paso a la posibilidad de que los delitos sexuales que eventualmente se cometieron con ocasión del conflicto solo puedan ser investigados por la Justicia Especial de Paz (JEP).
Hoy fue radicado en la Cámara de Representantes un proyecto de acto legislativo encaminado a poner de presenten “el interés superior del menor ante delitos sexuales”.
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De acuerdo al autor del proyecto, el representante José Jaime Uscátegui, el propósito es tener la prevalencia de los derechos de los niños y niñas.
“Se busca mantener la competencia en todos los casos de los delitos sexuales en contra de los menores en la jurisdicción penal ordinaria”, sostuvo.
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El argumento central es que la lucha en contra de los delitos sexuales cometidos contra menores ha sido fortalecida “político criminalmente” durante los últimos años en pro de la niñez.
Hace unas semanas se registró una intensa polémica por la decisión de la Corte Constitucional frente a la ley estatutaria de la JEP y los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.
(Lea: Choque de Gobierno y C. Constitucional por delitos sexuales en el conflicto)
La Corte Constitucional mantuvo las penas alternativas para responsables de violencia sexual contra menores, al considerar que el Congreso no es competente para establecer sanciones distintas a las que ya fueron establecidas en el Acto Legislativo 01 de 2017.
Según lo establecido en esa reforma, que nació en el acuerdo de paz entre el gobierno de Santos y las Farc, los procesados en la JEP por delitos no amnistiables podrán tener penas alternativas de entre cinco y ocho años de cárcel, siempre y cuando contribuyan plenamente a la verdad para las víctimas.
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Hay quienes consideran que esas penas por los delitos sexuales contra mujeres, niños y adolescentes podrían quedar sin sanciones efectivas. Este entonces será un debate de fondo en el Congreso de la República.
