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Los magistrados no encontraron argumentos suficientes que determinaran una falta por parte del congresista Torres Monsalvo y por lo tanto desestimaron la demanda que había sido presentada por parte de la abogada Martha Pabón Páez.
En la demanda se advertía que la muerte política del congresista debía darse por la utilización de más de 90 tiquetes aéreos a diferentes partes de Colombia, en su mayoría a Barranquilla, sin ninguna justificación legal que sustentara estos desplazamientos y que tuvieron un valor aproximado de 100 millones de pesos.
De igual forma, el procurador delegado, Fernando Mantilla Navarro, expuso que esta demanda reunía todos los requisitos para exigir la pérdida de investidura al advertir que el congresista Torres incurrió en una falta al apropiarse de tiquetes para desplazarse a zonas distintas a las de Bogotá, desconociendo las normas.
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