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Diana Paola Chaparro, la abogada del excandidato presidencial Santiago Botero anunció la presentación de las primeras acciones jurídicas contra funcionarios y personas que, según sostiene, habrían participado en un supuesto montaje en su contra en medio de una controversia familiar con su exesposa y su hijo.
A través de un comunicado público, la abogada de Botero informó que fue radicada una queja disciplinaria contra el comisario de Familia Permanente Turno No. 1 de Cartagena, Amin Francisco Sanabria, dentro del proceso identificado como VCF-038-2026. “El país debe conocer que este caso nació de una negociación de divorcio fallida”, indicó la abogada.
Según la defensa, la actuación judicial busca esclarecer presuntas irregularidades relacionadas con la conducción del proceso. En el documento se afirma que la queja se fundamenta en posibles conductas que “comprometerían los principios de imparcialidad, reserva del expediente, transparencia, debido proceso y proporcionalidad”.
La controversia tendría su origen en una negociación de divorcio y liquidación patrimonial que no llegó a un acuerdo entre las partes. De acuerdo con la versión entregada por la defensa, la propuesta presentada por la expareja de Botero incluía una manutención personal de 36 millones de pesos mensuales, una cuota alimentaria superior a los cinco millones de pesos para el menor de edad, así como otros beneficios patrimoniales.
Entre las pretensiones mencionadas figura también la entrega de un apartamento en Cartagena cuyo valor, según el comunicado, rondaría los 20 mil millones de pesos. La defensa sostiene que dicho inmueble “no pertenece a Santiago Botero” y asegura que las exigencias económicas habrían excedido el marco legal aplicable al proceso.
El documento señala que estos elementos evidenciarían que la disputa tuvo un componente principalmente económico y patrimonial, relacionado con obligaciones que, según la defensa, se acercaban a los 40 millones de pesos mensuales.
Asimismo, los abogados de Botero cuestionan la evolución de las acusaciones formuladas en su contra. “Pasaron de afirmar que había armas de fuego y violencia a apenas dejar entrever que lo que se buscaba era dinero, utilizando términos como ‘violencia económica’”, señala el comunicado. Para la defensa, estos cambios representan “cambios significativos y abruptos que demuestran un interés económico”.
“Se pasó de hablar de armas y violencia a una supuesta violencia económica y a la fecha no existe una sola decisión definitiva contra mi representado y lo que sí existe es una controversia patrimonial convertida al escándalo nacional, frente a la cual ejerceremos las acciones jurídicas necesarias para demostrar la verdad”, insistió.
La jurista también insistió en que hay hechos que, a su juicio, merecen ser investigados por las autoridades competentes. Finalmente, el comunicado vincula el caso con el contexto electoral reciente y sostiene que, durante los días previos a los comicios presidenciales, la situación fue amplificada por sectores políticos y digitales.
