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El abogado del presidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza pidió a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes suspender todas las actuaciones en los procesos que cursan en contra de Petro, actuaciones que suman más de 12 procesos. Esto con el fin de que primeramente se le reconozca al presidente Petro una defensa técnica.
La solicitud presentada por el abogado Carranza fue dirigida al representante, Carlos Alberto Cuenca Chaux, donde alega que mientras no se le reconozca una defensa técnica al presidente Petro, se estaría vulnerando el debido proceso "dejando al presidente en estado de indefensión".
Carranza pidió que se le reconozca como representante judicial del mandatario en los expedientes con radicados: 6209, 6210, 6211, 6608, 6633, 6809, 6810, 6812, 6839, 6880, 6895 y 6898, y que su intervención quede registrada oficialmente en cada uno de ellos.
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"El problema es claro: a pesar de que legal y reglamentariamente ya podría haberse tramitado y resuelto algo tan básico como la aceptación del poder del abogado defensor, la Comisión no ha actuado. Esto impide el ejercicio efectivo del derecho a la contradicción, vulnera el debido proceso y deja al Presidente en una situación de indefensión procesal", argumentó el abogado Carranza en diálogo con RCN Radio.
Entre tanto, la solicitud también señala que muchos de los procesos a cargo del representante Chaux, han acumulado una cantidad inusual de designaciones como coordinador o investigador en estos expedientes. Por tanto, Carranza aclaró que su solicitud también ya reposa en la Procuraduría General de la Nación para que abra una indagación disciplinaria por la presunta omisión grave y reiterada en su reconocimiento como defensa técnica del presidente Petro, derecho que según él, ha sido violado por parte de la Comisión.
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Carranza solicitó además que su escrito quede incorporado en todos los expedientes respectivos, y sea remitido a la Secretaría General de la Cámara, a la Mesa Directiva y a los congresistas instructores de cada proceso. Finalmente, pidió que se valore internamente la actuación de los coordinadores, a quienes señala por afectar la legitimidad institucional de la Comisión y del Congreso al incumplir su deber de garantizar el derecho de defensa.
