Abogado de Miguel Quintero denuncia hostigamientos y un intento de estafa

La denuncia se conoce días después de que la Gobernación de Antioquia negara el traslado de Quintero a la cárcel de Yarumito.
Ordenan cárcel para Miguel Quintero Calle
Ordenan cárcel para Miguel Quintero Calle Crédito: Facebook - Miguel Quintero Calle

El abogado Felipe Alzate Gómez, defensor de Miguel Andrés Quintero Calle, denunció ante la Fiscalía General de la Nación actos de hostigamiento y persecución que, según afirma, ha sufrido desde que asumió la defensa del hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. El jurista aseguró que se trata de hechos reiterados y sistemáticos ocurridos durante esta semana, que buscarían afectar el ejercicio de la defensa técnica, y pidió una investigación seria y rigurosa.

Según su relato, varias personas que se hicieron pasar por funcionarios del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín se comunicaron con su equipo y mostraron conocer detalles verificables de la acción de tutela presentada para transferir de cárcel a Miguel Quintero de Boyacá a Antioquia, como el magistrado a cargo y una supuesta comisión asignada a un funcionario para actualizar una orden de arraigo.

Con esa información, la persona se contactó con la esposa de Quintero y, aprovechando su situación de vulnerabilidad, le habría pedido una suma de dinero considerable. A cambio, prometió agilizar el trámite en siete u ocho días, en lugar de los 250 que, según le dijo, tomaría el proceso normal.

Denuncia por suplantación de funcionarios judiciales

El abogado indicó que verificaron que el supuesto funcionario no tiene ningún cargo en el juzgado. Dijo además que desconoce cómo obtuvo el auto de admisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, el nombre del magistrado y los detalles del caso. Al respecto esto agregó el abogado Felipe Alzate.

“Hemos encontrado que este funcionario se hacía pasar o esta persona perdón se hacía pasar como funcionario que en realidad no cumple ninguna calidad dentro del juzgado y que se está aprovechando esta situación no sabemos es cómo hizo para obtener el auto de admisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medelín, el magistrado que lo tenía y las circunstancias específicas del caso. Esto ha sido, como lo indiqué, eh, reportado la Fiscalía General de la Nación y esperamos que se tomen las decisiones pronto”, declaró.

Miguel Quintero continuará recluido en Cómbita

La denuncia se conoce días después de que la Gobernación de Antioquia negara el traslado de Quintero a la cárcel de Yarumito, en Itagüí, como lo había pedido su defensa. Con esa decisión, Miguel Quintero seguirá recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá, mientras avanza el proceso por interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación.

Investigación por contratos con Bomberos de Itagüí

El proceso se adelanta por seis convenios firmados en 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por cerca de 18.656 millones de pesos. La Fiscalía calcula un detrimento patrimonial superior a 2.481 millones, por presuntos sobrecostos y pagos sin soportes. En septiembre de 2026 le imputó los delitos de interés indebido en la celebración de contratos y peculado por apropiación. Quintero se declaró inocente y no ha sido condenado.

Esta noticia en cinco preguntas

¿Qué denunció el abogado Felipe Alzate Gómez ante la Fiscalía General de la Nación?

El abogado Felipe Alzate Gómez, defensor de Miguel Andrés Quintero Calle, denunció presuntos actos de hostigamiento y persecución que, según afirma, se han presentado desde que asumió la representación judicial del hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero. El jurista considera que se trata de hechos reiterados y sistemáticos que podrían afectar el ejercicio de la defensa técnica. Por esta razón, acudió a la Fiscalía para solicitar una investigación seria y rigurosa que permita establecer quiénes estarían detrás de estas actuaciones y con qué propósito se habrían realizado.

¿Cómo habría ocurrido la presunta suplantación de funcionarios judiciales?

Según el relato del abogado, varias personas se comunicaron con su equipo haciéndose pasar por funcionarios del Juzgado Primero Penal del Circuito de Medellín. Los individuos demostraron conocer información específica de una acción de tutela presentada por la defensa, entre ella el nombre del magistrado encargado y detalles de una supuesta comisión relacionada con la actualización de una orden de arraigo.

¿Qué descubrió la defensa sobre la persona que habría solicitado dinero a cambio de agilizar el trámite?

Felipe Alzate aseguró que, después de realizar las verificaciones correspondientes, encontraron que la persona que se presentaba como funcionario judicial no tenía ningún cargo en el juzgado. Sin embargo, el abogado manifestó que todavía desconoce cómo obtuvo información reservada o específica del proceso, como el auto de admisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, la identidad del magistrado y otras circunstancias relacionadas con el caso. Estos hechos fueron puestos en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación para que se investigue la posible suplantación y la solicitud de dinero.

¿Dónde permanece recluido Miguel Andrés Quintero Calle y por qué no fue trasladado a Antioquia?

Miguel Andrés Quintero Calle permanece recluido en la cárcel de Cómbita, en Boyacá, luego de que la Gobernación de Antioquia negara la solicitud de su defensa para trasladarlo al centro penitenciario de Yarumito, ubicado en Itagüí. La decisión se conoció días antes de la denuncia presentada por su abogado ante la Fiscalía. Por ahora, Quintero continuará privado de la libertad en el establecimiento penitenciario de Boyacá mientras avanza el proceso judicial en su contra.

¿Por qué delitos es investigado Miguel Quintero y cuáles son los hechos que dieron origen al proceso?

La investigación está relacionada con seis convenios suscritos durante 2020 y 2021 entre el Área Metropolitana del Valle de Aburrá y el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Itagüí, por un valor cercano a los 18.656 millones de pesos. La Fiscalía sostiene que en esos contratos se habrían presentado presuntos sobrecostos y pagos sin los soportes correspondientes, lo que habría ocasionado un detrimento patrimonial superior a los 2.481 millones de pesos.


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