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El alto tribunal decretó la pérdida de investidura para el exsenador Musa Besaile Fayad por su participación en el denominado escándalo del 'cartel de la toga'.
El alto tribunal determinó que el congresista del partido de 'La U' pagó 100 millones de pesos para que se detuviera una orden de captura en su contra por el proceso que se le adelantaba por 'parapolítica'.
El dinero le fue enviado al magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández con el fin que anulara esta decisión por medio del abogado Luis Gustavo Moreno.
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En el fallo de primera instancia se manifiesta que Besaile utilizó recursos provenientes del desfalco en el departamento de Córdoba para pagar el millonario soborno.
En la determinación se manifiesta que el hecho de reconocer haber pagado para evitar una orden de captura no es motivo para exonerar al procesado de toda responsabilidad.
En este punto se manifiesta que Besaile, debido a su cargo y educación, sabía que el ser presionado para pagar un soborno era un acto ilegal y tenía el conocimiento para denunciar.
"La versión de Besaile Fayad sobre la supuesta coacción que lo llevó a pagar el soborno tampoco lo exculpa", precisa uno de los apartes del fallo.
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Se resalta además que el exsenador oriundo de Córdoba incurrió en una conducta "inadmisible e injustificable" puesto que tenía todo para "afrontar el proceso penal con un abogado de confianza y de hacer uso de los mecanismos de impugnación previstos por el ordenamiento para controvertir las providencias que lo afectaran, bien sea por contrarias a sus intereses o por injustas".
"En realidad, resulta lógico, coherente y ajustado a los hechos probados que Besaile Fayad pagara esa cantidad de dinero, porque tuvo la convicción de que iba a influenciar al magistrado Malo Fernández y con ello cambiar la suerte de la investigación como en efecto sucedió", precisa la decisión.
El magistrado Guillermo Sánchez Luque reseña que Besaile Fayad utilizó su investidura de congresista de manera indebida, puesto que quiso ejercer presiones para que su caso por presuntos vínculos políticos con grupos paramilitares fuera archivado de manera irregular.
Por estos mismos hechos de corrupción, enfrenta un proceso penal en la Corte Suprema por el delito de cohecho por dar u ofrecer y como interviniente del delito de peculado por apropiación.
El exsenador se encuentra privado de su libertad en la cárcel Picota de Bogotá.
En la determinación, el Consejo de Estado aceptó la petición de la defensa de Besaile y envió copia de la declaración que entregó el empresario Roberto Prieto Uribe a la Fiscalía para que evalúe si incurrió en un falso testimonio.
