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La semana que termina no fue la mejor para el senador Gustavo Petro Urrego por las decisiones administrativas y judiciales que fueron emitidas en su contra y que representarían un peligro para su permanencia en el Congreso de la República.
A la determinación de la Contraloría Distrital de sancionar a Petro con $91.000 millones, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal contra su Alcaldía, se sumó en las últimas horas que el Consejo de Estado dejara sin efectos la providencia judicial por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca había suspendido provisionalmente la sanción fiscal de la misma Contraloría.
En medio del turbio panorama que se podría venir en el caso de la curul que ostenta Petro, hay quienes consideran que por las sanciones e inhabilidades de este orden no pueden acabar políticamente con alguien como el exalcalde.
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Así lo consideró el exministro Humberto De la Calle Lombana, uno de los más férreos defensores de la Constitución de 1991, al considerar que inhabilitar a alguien con base en las multas puede resultar algo injusto.
“No voté por Petro ni me considero su seguidor. Pero inhabilitarlo a base de multas es un procedimiento injusto. Y un error. Toca reflexionar sobre el ámbito del derecho a ser elegido frente al régimen de sanciones e inhabilidades”, insistió.
Lo cierto es que el senador –al igual que lo hiciera cuando era alcalde– está convocando a movilizaciones para defender en la plaza pública su curul. A través de redes sociales solicitó a sus seguidores organizar una movilización para el 28 de noviembre.
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De acuerdo a Petro, la multa de la Contraloría, que a su juicio resulta impagable, sólo tiene como propósito quitarle sus derechos políticos.
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