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La Corte Suprema de Justicia, como integrante de la comisión asesora para la reforma a la justicia, compartió diferentes propuestas al Ministerio de Justicia con el fin de conseguir una transformación que se enfoque en las necesidades de la ciudadanía y disminuir los tiempos de respuesta en materia judicial.
El Tribunal manifestó al Poder Ejecutivo su compromiso para contribuir en el fortalecimiento de la justicia y expuso sus consideraciones sobre los ajustes que deberían realizarse en las jurisdicciones penal, laboral, civil y agraria - rural, con el objetivo de luchar en contra de la impunidad.
En el ámbito penal, la Corte sugiere eliminar las reformas posteriores a la Ley 906 de 2004 que han impedido aplicar beneficios de rebaja de pena para quienes acepten cargos o lleguen a un acuerdo, pues esto ha incrementado la congestión judicial y ha generado que muchos procesos terminen en absoluciones, en lugar de una condena por sentencia anticipada.
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Igualmente, se pide más expedita y precisa la aplicación del principio de oportunidad, una modificación normativa que obligue a definir, desde que se aceptan cargos o se firma el preacuerdo, cuál es la pena aplicable y la concesión o no de subrogados penales.
Para los representantes de la Corte, es vital que se modifique lo relacionado con la justicia restaurativa ya que la compensación del daño no conduce en la mayoría de los casos a una mayor efectividad de la justicia. Se reforme el incidente de reparación integral para que, cuando su pretensión sea eminentemente económica, se adelante ante los jueces civiles.
En el ámbito laboral, se busca la creación de un nuevo Código Procesal del Trabajo y la Seguridad Social, fortalecer la implementación de la tecnología en la justicia, avanzar en la consolidación del expediente electrónico y crear jueces municipales y del circuito en los territorios, según la demanda.
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Finalmente, en las ideas para el campo civil está la emisión por parte del Congreso de la Ley Ordinaria y Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria y Rural creada el año pasado, reformar el Estatuto de Arbitraje y el Código General del Proceso y desarrollar mecanismos contra la congestión judicial y el mejoramiento de la tutela.
