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Luego de que la Corte Suprema de Justicia abriera investigación contra de 28 congresistas que fueron mencionados en un nuevo escándalo de corrupción por supuesta gestión de contratos en el Invías, algunos parlamentarios continúan respondiendo a estos señalamientos.
Varios de ellos advierten que gestionar proyectos ante las entidades del Gobierno no constituye un delito, sino que se trata de una de sus funciones como parlamentarios.
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Recordaron el artículo 283 de la Ley 5ª, que es el reglamento del Congreso, en el que se señala que los legisladores no tienen inhabilidades para gestionar ante el Estado las ayudas para los ciudadanos.
“Adelantar gestiones ante el Gobierno en orden de satisfacer las necesidades de los habitantes de sus circunscripciones electorales”, señala el numeral 6 del mencionado artículo.
Tampoco están impedidos, según el numeral 8 del mismo artículo, para “intervenir, gestionar o convenir en todo tiempo, ante organismos del Estado, en la obtención de cualquier tipo de servicios o ayudas en materia de educación, vivienda y obras públicas para beneficio de la comunidad colombiana”.
El representante liberal Silvio José Carrasquilla afirma no tener conocimiento de lo que está en el expediente en su contra, pero advierte que su gestión siempre se ha centrado en impulsar el hecho de que las inversiones lleguen a su territorio.
“Lo que he hecho y siempre desde el día que me elegí es ayudar y estar atento a las inversiones de mi departamento y en especial de mi municipio Turbaco y Cartagena, de que en los presupuestos nacionales se materialice el amor que siempre se dice tener por Cartagena, con inversión y recursos”, respondió a La FM de RCN.
“Con relación al departamento, la tarea todavía es mucho mayor, ya que son demasiadas las solicitudes de ayuda y acompañamiento por parte de los alcaldes quienes buscan que sus proyectos sean primero viabilizados técnicamente y segundo, que se les priorice para inversión por parte de los ministerios”, explicó.
“Jamás he tenido una investigación en la Corte desde que soy representante. Tengo claro y muy bien sabido de cómo debe ser el comportamiento legal y jurídico de un congresista”, respondió.
El representante Wilmer Castellanos dijo que uno de sus propósitos siempre ha sido pelear para que las inversiones para su departamento Boyacá, sean una realidad.
“He recorrido 113 municipios de Boyacá y en todos ellos me han solicitado que haga gestión de proyectos que solucione las necesidades del territorio. Fui coordinador ponente del Plan Nacional de Desarrollo y ubiqué a Boyacá como el segundo departamento con más proyectos dentro del plan; lo más lógico es hacer gestión para que esos proyectos se hagan realidad”, sostuvo.
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Otros parlamentarios han preferido no pronunciarse oficialmente sobre este asunto por recomendación de sus abogados y para no afectar el proceso judicial que está empezando.
Cuando la Fiscalía compulsó copias a la Corte por este caso, tras las revelaciones de la María Alejandra Benavides, entonces asesora del ministro Ricardo Bonilla, congresistas como Katherine Miranda, Julián Peinado, Wilder Escobar, Wadith Manzur, Liliana Benavides, ya se habían referido a los hechos, algunos negando los señalamientos y otros guardando silencio.
