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Un total de nueve hallazgos con incidencia fiscal, por un valor cercano a los $20.000 millones, fueron revelados por la Contraloría de Bogotá tras una Actuación Especial de Fiscalización a los contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. Las principales anomalías detectadas por el organismo de control están vinculadas al suministro de combustible para vehículos oficiales y a graves retrasos y sobrecostos en obras de infraestructura carcelaria y judicial en la capital, como el Centro Especial de Reclusión (CER II) y la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba.
Irregularidades
El hallazgo de mayor cuantía asciende a $8.737 millones y corresponde a serias deficiencias en la supervisión y control del consumo de combustible de la flota vehicular oficial. De acuerdo con el ente fiscalizador, la entidad distrital no empleó el rendimiento de kilómetros por galón como indicador de verificación y se detectaron inconsistencias en los registros de kilometraje de 752 vehículos inspeccionados, lo que impidió comprobar si el combustible abastecido coincidía con los desplazamientos reales efectuados.
A esto se suma una irregularidad fiscal por $8.100 millones en el Centro Especial de Reclusión fase II, ubicado en Puente Aranda. La obra, destinada a generar 273 nuevos cupos para descongestionar las URI de la ciudad, presenta un retraso significativo con cuatro prórrogas acumuladas sobre una fecha de entrega inicialmente fijada para el 28 de febrero de 2025. La Contraloría evidenció sobrecostos en actividades no previstas, gastos extras en la instalación de rejas metálicas y pagos adicionales de interventoría derivados de las ampliaciones de plazo, acumulando un desfase superior al 27 % sobre un proyecto cuyo avance físico apenas alcanza el 72,3 %.
El tercer frente crítico se identificó en la construcción de la URI de Suba, con una incidencia fiscal de $3.146 millones derivada de deficiencias en la planeación de los estudios y diseños originarios. En este proyecto se constataron pagos por actividades no contempladas al inicio de la obra, así como adiciones económicas en la interventoría para cubrir las constantes prorrogaras en la ejecución.
Contraloría
Frente a estos resultados, Fernando Poveda, director del sector Seguridad, Convivencia y Justicia de la Contraloría de Bogotá, enfatizó la necesidad urgente de fortalecer la planeación, la supervisión y los mecanismos de control en la contratación pública para proteger los recursos públicos y garantizar que las inversiones respondan con efectividad a las necesidades de la ciudad.
“Los resultados evidencian la importancia de fortalecer la planeación, la supervisión y los mecanismos de control en la ejecución de los contratos públicos, para garantizar que los recursos se administren adecuadamente y que las inversiones respondan a las necesidades de la ciudad”, afirmó Fernando Poveda, director de Seguridad, Convivencia y Justicia.
Puntos clave del informe de la Contraloría de Bogotá
- Monto global de las irregularidades detectadas La Contraloría de Bogotá reveló nueve hallazgos con incidencia fiscal por cerca de $20.000 millones tras adelantar una Actuación Especial de Fiscalización a varios contratos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia. La auditoría puso al descubierto serias fallas en la gestión de recursos públicos, principalmente en el control operativo de vehículos y en la ejecución de infraestructura judicial y carcelaria.
- Anomalías en el control de combustible de la flota oficial El hallazgo de mayor cuantía equivale a $8.737 millones y se atribuye a deficiencias en el seguimiento al consumo de gasolina de los vehículos institucionales. El ente de control comprobó que no se aplicaron métricas de rendimiento por kilometraje y detectó inconsistencias en los registros de 752 automotores examinados, lo que impidió validar si el combustible pagado correspondía a desplazamientos reales.
- Sobrecostos y demoras en el Centro Especial de Reclusión (CER II) Un segundo hallazgo por $8.100 millones se identificó en las obras del CER II en Puente Aranda, proyecto destinado a crear 273 nuevos cupos para descongestionar las URI. La obra, que debía entregarse en febrero de 2025, presenta un avance físico de solo 72,3 %, acumula cuatro prórrogas, un desfase presupuestal superior al 27 % y costos extra por adiciones en interventoría, rejas metálicas y labores no previstas.
- Fallas de planeación en la URI de Suba La fiscalización registró otro detrimento fiscal por $3.146 millones en la construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba. Las anomalías derivan de vacíos en los estudios y diseños iniciales, pagos de actividades no programadas y adiciones a los contratos de interventoría para cubrir la extensión de los plazos de ejecución del proyecto.
