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La Comisión Primera del Senado no ha podido avanzar en la aprobación en quinto debate de un acto legislativo que establece que los delitos sexuales cometidos por actores armados, no podrán ser de conocimiento de la justicia transicional, como la Jurisdicción Especial de Paz (JEP).
Los defensores del acuerdo con las Farc quieren introducir un parágrafo nuevo con el cual se diga expresamente que dicha norma no puede cobijar a los desmovilizados de la exguerrilla, propuesta que no comparte ni el Gobierno, ni el Centro Democrático, que advierten que ninguna reforma es retroactiva.
La senadora Paloma Valencia, ponente del proyecto, dijo que el uribismo tiene claro que este proyecto no afectará a las Farc.
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“El Gobierno del presidente Duque radican un proyecto para evitar que en el futuro los delitos sexuales contra los niños, niñas y adolescentes, puedan ser conocidos por justicias transicionales, es decir, que no se pueda negociar la sanción que tendrán esos delitos y queremos que sea categórico el hecho de que ningún delito sexual contra menores sea objeto de una negociación”, señaló.
Sin embargo, algunos senadores opositores acusaron al Centro Democrático y al Gobierno de querer acabar con el acuerdo de paz que se firmó en el país.
El senador Gustavo Petro dijo “por qué esa manera de condenar, en el caso del conflicto armado, a los niños y las niñas, yo creo que lo que se está defendiendo es el intento de destruir el acuerdo de paz con las Farc hecho por el presidente Santos”.
El senador Roy Barreras sostiene que este proyecto se ha convertido en una nueva objeción del Gobierno y del uribismo, “es un intento torpe, equivocado, engañoso de seguir patinando hacia atrás, de seguir gobernando en reversa, de seguir proponiéndole a Colombia que la prioridad es destruir el acuerdo de paz, en lugar de gobernar hacia adelante”, manifestó.
Ante esta fuerte discusión, la ministra de Justicia, Margarita Cabello Blanco, intervino para pedir un acuerdo entre las bancadas que permita garantizar que estos delitos contra los menores sean de conocimiento de la Justicia Ordinaria.
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“Las normas nunca por regla general son retroactivas. Las tres adiciones son claras en decir que hacia atrás no puede aplicarse la norma porque el principio de favorabilidad es claro. Hagamos un acuerdo y busquemos una solución porque vale la pena que esto esté en la carta política”, indicó.
El senador Rodrigo Lara, por su parte señaló que esta es una reforma inane, que no soluciona los problemas de los ciudadanos y que sigue enfrascando al país en un debate entre los amigos y enemigos de la paz.
La mesa directiva de la Comisión levantó la sesión y está a la espera de que se logre un acuerdo para poder sacar adelante el proyecto con el respaldo de la mayoría de las bancadas.
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