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Según el Consejo de Estado, los magistrados Martha Patricia Zea Ramos, María Rocio Cortez Vargas, Adolfo Leon Castillo Arbeláez y Rafael Alberto García Adarve, fueron elegidos en encargo de forma irregular.
Con está decisión, la Sala Disciplinaria de la Judicatura quedaría conformada tan sólo con tres magistrados en propiedad.
Lo que trascendió es que en enero de 2016 la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura eligió a estos magistrados que habían renunciado antes a sus cargos en la Sala Disciplinaria, para que posteriormente fueran elegidos por la Sala Plena, al advertir que sus escogencias fueron irregulares para componer ese alto tribunal.
El centro de esta irregularidad la protagonizó la magistrada Martha Zea, quien pese a que fue suspendida el 18 de diciembre de 2015 por el Consejo de Estado, porque fue demandada su elección al advertir que su designación debió hacerse por Sala Plena, renunció a su cargo para que en enero su nombre fuera legítimo para el cargo que ostentaba.
El Consejo de Estado evidenció que estas actuaciones van en contra de la normatividad y por ello la suspendió y decidió compulsar copias a la Fiscalía General para que inicie las investigaciones correspondientes.
Cabe destacar que el Consejo de Estado también admitió la demanda de nulidad, sin suspensión del cargo, contra la presidente de la Sala Administrativa Martha Lucía Zamora y el vicepresidente de esa Corporación Iván Darío Gómez Lee.
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