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Aida Merlano Rebolledo, la excongresista que está presa por presuntos delitos electorales, ganó una batalla en el Consejo de Estado.
Esa victoria le permite mantener su investidura; sin embargo, aún espera dos decisiones de ese Alto Tribunal que podrían dejarla inhabilitada de por vida para lanzarse a un cargo de elección popular.
El fallo, que ganó fue de la Sala Especial de decisión número 20, con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, comprobó que Merlano no incurrió en tráfico de influencias a favor de sus campañas políticas y tampoco faltó a las sesiones de Congreso, como decía la demanda que pedía su muerte política.
Al estudiar la presencia de Merlano en el Congreso, el Consejo de Estado comprobó que solamente faltó tres veces, sin justificación, en el periodo legislativo del 20 de julio al 16 de diciembre de 2015, por lo que pidió a la Procuraduría investigar esas ausencias.
En el periodo del 20 de julio al 16 de diciembre de 2017, Merlano faltó sólo cinco veces justificadas al Congreso, “las cuales no son suficientes para la configuración de la pérdida de investidura”.
Sobre el supuesto tráfico de influencias, el Consejo señaló que no se pudo identificar a las personas a las cuales la congresista “indujo a que se realizaran aportes a su campaña política el Senado de la República, para el periodo 2018 - 2022”.
Actualmente, en segunda instancia, el Consejo de Estado estudia otros dos fallos que piden la muerte política de la exsenadora: uno tiene que ver con no posesionarse al Congreso cuando fue capturada por delitos electorales y el segundo, por superar los topes de su campaña política para las elecciones del 11 de marzo del 2018.
Se comprobó que Merlano gastó más de 1.730 millones de pesos, suma que supera de lejos el monto máximo permitido. Por este caso, en primera instancia, se decretó la pérdida de su investidura; además, tal fallo no está en firme, según su defensa.
El 16 de mayo, en otra decisión en su contra, la Sección Quinta del Consejo de Estado anuló su elección como senadora porque consideró que sí “existió una organización que tenía como propósito principal comprar votos”, a su favor.
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En esa oportunidad, el Alto Tribunal de lo contencioso administrativo determinó que la supuesta organización que lideraba Merlano había contribuido a que no se respetara “el derecho a elegir y ser elegido, y a que el voto sea libre y secreto, además, de todos los principios democráticos de orden constitucional que rigen la materia electoral”.
Al mismo tiempo, en la Corte Suprema de Justicia Merlano afronta un juicio penal. Los procesos iniciaron luego de que el CTI de la Fiscalía allanara su sede de campaña en Barranquilla donde encontró varios millones de pesos, al parecer, para compra de votos a su favor, además de armas y material electoral. La exlegisladora ha denunciado irregularidades en dicho operativo.
