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Foto suministrada a LA F.m.
Pide al Presidente de la República que se asegure de que el pueblo colombiano en realidad tenga la última palabra.
El Consejo de Estado decidió admitir la demanda que interpuso hace un mes, el Procurador General, Alejandro Ordóñez, en contra de los numerales V y VI del comunicado conjunto que emitieron las Farc y el Gobierno, en el cual se le dan efectos internacionales al Acuerdo Final sin someterlo a la voluntad popular.
Aunque el Consejo de Estado denegó la solicitud que había hecho la Procuraduría de suspender provisionalmente esos dos numerales de dicho Acto Político, recordó que el Gobierno Nacional no puede realizar las tareas allí pactadas sin que se cumpla y den los resultados de la refrendación popular en los términos que señala la sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional, ya que explicó el alto tribunal que “en tanto el Acuerdo Final corresponde a una decisión política del presidente (…) al pueblo convocado en plebiscito le corresponde aprobar o improbar dicho acuerdo”.
En este sentido, el Consejo de Estado sostuvo que lo anunciado por Gobierno y las FARC en dicho comunicado conjunto, son“dos misiones sometidas a la condición inevitable de que el Acuerdo Final ya firmado por los equipos negociadores de las partes, sea finalmente suscrito por el país mediante el plebiscito por la paz”.
En ese sentido, el procurador llamó la atención al Gobierno Nacional, para que se abstenga de depositar en la sede de los Convenios de Ginebra el Acuerdo Final y hacer una declaración unilateral ante las Naciones Unidas, pretendiendo la acogida y vigencia internacional del mismo, sin que el pueblo lo haya aprobado mediante el plebiscito anunciado para el 2 de octubre.
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