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Diez meses después de que las comisiones primeras conjuntas del Congreso aprobaran la ley ordinaria que se necesita para echar a andar la jurisdicción agraria, el Legislativo fijó una fecha para la estancada discusión.
El martes 28 de octubre la plenaria de la Cámara de Representantes retomará el debate, faltando poco más de un mes para acabar sesiones ordinarias.
La Cámara agendó la última etapa del proyecto antes que el Senado, que aún no anuncia un día específico. El coordinador ponente de la iniciativa en la Cámara, el representante Gabriel Becerra, del Pacto Histórico, informó la fecha en su cuenta de X y expresó que espera un "amplio respaldo multipartidista", como ocurrió en diciembre en la primera ronda.
El potencial articulado necesario para complementar la ley estatutaria y el acto legislativo que ya están en el ordenamiento jurídico colombiano, ya no cuenta con el apoyo de dos fichas esenciales que alcanzaron consensos en el pasado: Juan Fernando Cristo, ministro del Interior hasta febrero de 2025, y Ángela María Buitrago, jefa de cartera de Justicia hasta mayo.
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De hecho, la propuesta se mantuvo engavetada desde el 10 de diciembre del año pasado, cuando una sesión conjunta de las comisiones primeras del Senado y Cámara, con la vigilancia de Cristo, avaló el texto y superó varios cuestionamientos, como el fantasma de la "expropiación exprés". La salida de Cristo del gabinete excluyó a la jurisdicción de la agenda.
El exministro no dejó de insistir y este miércoles advirtió que faltando ocho semanas para el fin del período ordinario de sesiones —que además es la antesala de las campañas electorales para el próximo año—, las mesas directivas del Congreso aún no agendaban la jurisdicción agraria. "El pueblo campesino la está esperando hace décadas", dijo.
Cristo les dirigió su llamado al presidente del Senado, Lidio García, del Partido Liberal, y al de la Cámara de Representantes, Julián López, del Partido de la U. El presidente Gustavo Petro luego se sumó y les pidió a ambos "proceder con diligencia" para no provocar "un incumplimiento con consecuencias sancionatorias" por parte de la ONU.
La jurisdicción agraria es un punto clave del Acuerdo de Paz de 2016, así que Petro advirtió que, de no salir adelante en el Congreso, él mismo se lo presentaría al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas "como un cabal incumplimiento" del tratado que el Estado colombiano firmó con las antiguas Farc y que permanentemente la comunidad internacional vigila.
En un sector del Legislativo creen que los reclamos del mandatario deberían encaminarse a su propio gabinete. Principalmente, a la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, a quien "difícilmente logra uno escuchar y contactar", según el representante Carlos Ardila, del Partido Liberal, uno de los encargados de presentar una ponencia frente a la iniciativa.
"Más allá de ir a la ONU, reúna a su gabinete y exíjale a su gabinete. Su gabinete debe responderle por la agenda en el Congreso de la República. La diligencia es propia de un ministro, y no debe el presidente hoy endilgarle responsabilidad al Congreso de la República, que ha discutido (el proyecto) cuando se ha sometido a consideración", reparó Ardila.
La jurisdicción agraria regresa al Capitolio más de un mes después de que la Corte Constitucional avaló el Acto Legislativo 036 de 2023, que la creó. En esencia, desde la modificación a la Constitución hasta el articulado que la Cámara debatirá en octubre se pretende establecer jueces rurales que se encarguen de líos de adjudicación y tenencia de tierras.
En diciembre del año pasado, incluso la senadora Paloma Valencia, del opositor partido Centro Democrático, reconoció que el Ejecutivo y el Legislativo plantearon "un proyecto donde todos quedáramos mediamente satisfechos". Los congresistas ponentes radicarán su postura en los próximos días, de cara al agendamiento de las sesiones para los debates.
