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La plenaria del Senado de la República aprobó en octavo debate el acto legislativo que reforma por completo el control fiscal en el país y le entrega mayores facultades a la Contraloría General de la República.
Aunque algunos congresistas plantearon durante el debate la eliminación de las Contralorías Territoriales, la propuesta no prosperó y esas entidades seguirán ejerciendo sus funciones.
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Ante esto, el Senado decidió aprobar una proposición que establece un nuevo método de elección de estos funcionarios departamentales y municipales.
Según se estableció, las cabezas de las Contralorías regionales serán elegidas a través de una convocatoria pública que deberán hacer las Asambleas y Concejos, como ocurre actualmente con el contralor general de la República.
Esta decisión fue rechazada por algunos como el senador Alexander López, quien dijo que “esto seguirá igual de perverso en las regiones y lo que va es a servir para perseguir alcaldes y gobernadores y la verdad que eso no tiene sentido”.
El senador y ponente Roy Barreras también lamentó la aprobación de la propuesta que deja por fuera la posibilidad de que se haga un concurso de méritos para la elección de estos funcionarios.
“Y como ya no habrá concurso de méritos, sino lo que habrá es una convocatoria que harán los mismos Concejos y Asambleas, conforme a la ley que ya existe, de manera que esas corporaciones podrán elegir en diciembre o cuando quieran esos contralores. Está cerrado el punto y la democracia manda”, manifestó.
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En último debate también se decidió mantener la Auditoría General de la República, que será la encargada de ejercer vigilancia sobre la Contraloría General y las Contralorías Territoriales.
Sin embargo, se dejó claro que el auditor será elegido por un periodo cuatro años, medida que no aplicará para el actual funcionario, sino para el siguiente que sea elegido por el Consejo de Estado.
En el proyecto de control fiscal también se establece que la Contraloría tendrá la función de control preventivo, en cabeza del contralor general y de forma excepcional sobre los procesos licitatorios, con el fin de evitar que se cometan hechos de corrupción.
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