Controversia por revelación de nombres de congresistas que reciben subsidio de gasolina y de peajes

Una fuerte polémica se presentó en la plenaria del Senado durante la discusión del proyecto de ley que busca reducir el salario de los congresistas, que hoy está en 43 millones de pesos.

En la sesión quedó claro que los legisladores están recibiendo alrededor de 27 millones de pesos netos, luego de la aplicación de todos los descuentos e impuestos establecidos en la ley.

Sin embargo, la discusión se calentó luego de que el senador Jota Pé Hernández revelara que sí hay congresistas que están recibiendo cupos de gasolina y de peajes por parte de la Unidad Nacional de Protección y no por la Dirección Administrativa.

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“No es la Dirección Administrativa del Senado, es la UNP y sí hay una lista de senadores y representantes que no solamente reciben cupos de gasolina, como si el salario no les alcanzara, sino que también reciben el pago de peajes”, dijo.

“Los nombres se van a decir cuando la UNP oficialmente me entregue los nombres de senadores y representantes, pero lo que sí es confirmado es que sí hay congresistas que reciben esos cupos, yo no puedo irresponsablemente salir a dar nombres de manera oficial, cuando la UNP me dé el documento, pues claro que los voy a revelar”, añadió.

Estas acusaciones llevaron a los voceros de todos los partidos políticos a rechazar los señalamientos. Uno de ellos fue el senador Manuel Virgüez, quien dijo: “Quiero dejar constancia que el Partido MIRA no recibe plata de peajes por la UNP y tampoco para combustibles y es importante que no quede en el ambiente ese tema”.

Sin embargo, el senador Miguel Uribe dijo que no es justo que algunos congresistas estén recibiendo subsidios de gasolina, mientras reciben más de 27 millones de sueldo y reveló quienes son los que están beneficiándose de estas ayudas adicionales.

“Primero son los cinco senadores de las Farc – Comunes. Yo me pregunto por qué si se gana toda esa plata no pueden pagar la gasolina y también Aida Avella, Iván Cepeda, Piedad Córdoba, Gloria Flórez, Jael Quiroga, Humberto de la Calle, Aida Quilcué y Robert Daza”, dijo.

Los congresistas mencionados se defendieron. Julián Gallo, conocido como Carlos Antonio Lozada del partido Comunes, explicó que el pago de la gasolina corresponde a un programa especial de protección que quedó consignado en el acuerdo de paz.

“Nosotros no nos estamos lucrando de bonos o de que nos estén favoreciendo con dineros para la gasolina y peajes, ese programa fue creado así, porque está claro que quienes firmamos el acuerdo de paz no venimos ni provenimos de esas castas que se han enriquecido y si llegamos al Congreso no fue por una aspiración personal, sino por una designación que nos hicieron en cumplimiento del acuerdo de paz”, sostuvo.

Otros legisladores mencionados, como las senadoras Aida Avella y Aida Quilcué, justificaron el pago de la gasolina advirtiendo sus esquemas son especiales y son diferentes a los que tienen los congresistas por cuenta de que han sido víctimas de hechos de violencia, como el exterminio de la Unión Patriótica (UP) y el asesinato de líderes y defensores de derechos humanos.

El senador Robert Daza le exigió a Miguel Uribe mostrar las pruebas de sus afirmaciones y dijo que tan solo cuenta con un chofer que le asignó la UNP para visitar los territorios campesinos, que son los que él representa.

“Yo no vivo de la teta del Estado, yo no tengo privilegios como muchos sí los han tenido viviendo de los recursos públicos”, dijo.

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El senador Humberto de la Calle aseguró que por haber sido vicepresidente de la República, tiene unos esquemas especiales de seguridad.

“Frente a la mención de mi nombre quiero decir que no es producto de privilegios, ni de lagarteos, son decisiones del Estado que no puedo controvertir, el tema de la seguridad de un exvicepresidente es un tema de Estado y si se considera que yo no necesito un esquema de seguridad, yo no formularé ninguna queja”, añadió.

La senadora Gloria Flórez indicó que su condición de defensora de derechos humanos le da la posibilidad de tener un esquema de protección distinto al de los parlamentarios.