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El representante Álvaro Hernán Prada presentó un acto legislativo para que por vía referendo, los ciudadanos puedan tumbar sentencias emitidas por la Corte Constitucional, cuando las mismas violen los derechos fundamentales de los colombianos.
El congresista explicó que la iniciativa se presentó porque “en algunas ocasiones hemos visto que la Corte Constitucional ha afectado, mediante sentencias los derechos fundamentales. La última fue la decisión que frente al consumo de drogas en sitios públicos”.
Sin embargo, esta reforma no tiene el respaldo mayoritario de su partido y tampoco de integrantes de otras bancadas que señalaron esta propuesta como abiertamente inconstitucional.
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El senador Armando Benedetti aseguró que es una locura pensar que las decisiones judiciales sean sometidas a la verificación de la ciudadanía.
“El artículo 243 de la Constitución dice que los fallos que han sido inexequibles, o cosa juzgada, no podrán modificarse por el Congreso o por el presidente de la República. Por otro lado, crearía una inseguridad jurídica demasiado grande porque cualquier fallo podría ser sometido a elecciones y al mismo tiempo veríamos a los jueces haciendo campaña para que los fallos sean respetados, eso es una locura”, dijo.
Por su parte, el expresidente de la Cámara de Representantes Alfredo Deluque indicó que se trata de un proyecto desacertado que acabaría con las bases establecidas en la Constituyente de 1991.
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“Las sentencias no podrían ser modificadas por una propuesta diferente a una constituyente. Aún así, eso sería impensable porque se estaría golpeando en el centro de la independencia de los poderes, afectándola de manera grave. Además de eso, este proyecto dotaría de inseguridad jurídica las decisiones de nuestros jueces y las altas cortes”, manifestó.
“Me parece que la propuesta es errada y esperaría que la misma sea retirada por quienes la están planteando, porque eso no le haría bien a la democracia”, añadió.
El senador liberal Luis Fernando Velasco indicó que una reforma de esta naturaleza violaría los derechos de las minorías.
“Hay derechos que no se someten a referendo pues son derechos universales o protegen minorías, y estos en especial no pueden dejar de reconocerse si la mayoría lo decide. No me gusta limitar fallos de la Corte Constitucional por referendo”, manifestó.
El propio expresidente Álvaro Uribe Vélez está en contra de este acto legislativo. Sin embargo, el exmandatario considera prudente estudiarlo a fondo para evaluar su viabilidad.
Álvaro Hernán Prada señaló que en su momento le comentó a Uribe la intención que tenía de radicar la iniciativa. “Yo le manifesté al presidente, cuando salió la sentencia de la Corte Constitucional sobre las drogas y me dijo que la analizara bien, que buscara un análisis jurídico apropiado y simplemente me dio ese consejo, pero no le conté cuando lo presenté y no lo hice porque no lo vi”, anotó.
Lo que sí es cierto es que muchos miembros de la bancada del Centro Democrático se han opuesto rotundamente a este planteamiento.
Uno de ellos, el representante Ricardo Ferro señaló que “estoy convencido que hay que apostarle a la institucionalidad de nuestro país y en ese orden de ideas, la Corte Constitucional ha sido, es y tendrá que seguir siendo el órgano de cierre”.
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El proyecto de reforma constitucional fue firmado por los congresistas Álvaro Hernán Prada, Enrique Cabrales, Esteban Quintero, John Jairo Bermúdez, José Vicente Carreño, Juan Pablo Celis, Margarita Restrepo, Rubén Darío Molano y Yenica Acosta.
Una propuesta alterna
El senador Juan Diego Gómez, del Partido Conservador, también considera que el acto legislativo no tiene futuro por ser contrario a la Constitución y porque minaría la confianza que se debe tener en las instituciones. Ante esto, planteó modular drásticamente esa propuesta.
“Lo que habría que hacer mejor es mirar la posibilidad de que se prohíba suplantar al Congreso a través de sentencias de constitucionalidad, que creo que podría tener mayores adeptos en el Congreso de la República y que de paso podría mantener la independencia de poderes”, manifestó.
Considera que modificando la propuesta de esta manera, se garantizaría un respeto por las funciones de las ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial y se acabarían los choques de trenas.
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