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La sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, en la Torre Squadra, en Bogotá, está en el centro de una controversia por los costos de adecuación del edificio, las condiciones en las que fue escogido y la estructura empresarial vinculada al inmueble.
Según la senadora María Clara Posada ha puesto sobre la mesa varios interrogantes y ahora la JEP responde: defiende la transparencia de su gestión y asegura que está abierta al escrutinio público.
Una sede que ya estaba amoblada
La historia se remonta a 2017, cuando se escogió la Torre Squadra para el funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz. Según los cuestionamientos de la congresista, uno de los argumentos para seleccionar el inmueble era que ya estaba amoblado.
Sin embargo, dos años después apareció otro gasto que hoy está bajo la lupa: en 2019 se contrataron por 3.337 millones de pesos 216 elementos para dotar y adecuar las salas de audiencia.
Y aquí está uno de los puntos centrales de la investigación: si el edificio se escogió porque contaba con mobiliario, ¿por qué fue necesario contratar posteriormente esta dotación? ¿Qué elementos se adquirieron, qué necesidades buscaban atender y cómo se evaluaron esos costos al momento de escoger la sede?
Son preguntas que requieren una explicación detallada de los contratos, sus objetos y las necesidades que justificaron esas inversiones.
Las empresas detrás del inmueble
Pero los cuestionamientos no se limitan al mobiliario ni al dinero destinado a las adecuaciones. También apuntan a las compañías vinculadas con la propiedad y la administración del edificio.
En la estructura empresarial mencionada en la denuncia aparecen Constructora GAP S.A.S., identificada como propietaria de la Torre Squadra, y Juan Gaviria Restrepo y Cía. S.A.S., relacionada con la administración del inmueble.
También figuran Inversiones Mantra S.A.S. y Tabac S.A.S., sociedades que, según los señalamientos de la senadora, estarían vinculadas al control de las dos primeras compañías.
En ese sentido, la congresista asegura, además, que detrás de esta estructura aparecen 18 sociedades, 13 de ellas registradas en jurisdicciones como Delaware, en Estados Unidos, las Islas Vírgenes Británicas y Panamá.
Este es otro frente que requiere respuestas: conocer la composición societaria completa, establecer quiénes son los beneficiarios finales y determinar qué relación tiene cada empresa con la propiedad, la administración y el arrendamiento de la sede.
En este punto, es importante precisar que la existencia de sociedades en el exterior no demuestra, por sí sola, una irregularidad. Lo que corresponde es verificar la información empresarial y contrastarla con los contratos y los pagos realizados con recursos públicos.
La respuesta de la JEP
Frente a estos cuestionamientos, la Jurisdicción Especial para la Paz defendió la transparencia de su gestión. La entidad explicó que el contrato inicial de arrendamiento se realizó a través del Fondo Colombia en Paz, cuando la JEP todavía no contaba con recursos propios.
Sumado a eso, la JEP se refirió a la posibilidad de comprar el inmueble. Según informó, durante el Gobierno del entonces presidente Gustavo Petro se evaluó esa alternativa, pero el Departamento Nacional de Planeación emitió un concepto técnico desfavorable y la operación no pudo continuar.
En su respuesta, la JEP indicó que el valor comercial estimado del edificio para 2026 es de 288.538 millones de pesos. La entidad agregó que, tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo.
Las preguntas que siguen sobre la mesa
La respuesta de la JEP aporta su versión institucional, pero el debate sobre la Torre Squadra exige revisar los documentos que sustentan tanto la contratación inicial como los gastos posteriores.
¿Cuáles fueron los criterios para escoger el edificio? ¿Qué justificó la inversión de 3.337 millones de pesos en mobiliario y adecuaciones? ¿Cómo está conformada la estructura empresarial y quiénes son sus beneficiarios finales?
Esos son los puntos que deben contrastarse con los expedientes contractuales y los registros societarios para establecer si la decisión fue conveniente para el Estado y si los recursos se ejecutaron conforme a las obligaciones pactadas.
Por ahora, los cuestionamientos de la senadora no constituyen por sí mismos una prueba de corrupción, y la defensa de la JEP tampoco reemplaza la revisión documental de cada uno de estos aspectos.
La pregunta de fondo sigue siendo cómo se tomó la decisión de arrendar la Torre Squadra, cuánto le ha costado al Estado y qué información permite verificar la transparencia de toda la operación.
¿Por qué está bajo cuestionamiento la sede de la JEP?
Porque el edificio Torre Squadra se habría escogido en 2017, entre otras razones, porque estaba amoblado. Sin embargo, en 2019 se contrataron 3.337 millones de pesos para adquirir 216 elementos destinados a dotar y adecuar las salas de audiencia.
¿Qué empresas están vinculadas con el edificio?
En la estructura empresarial señalada aparecen Constructora GAP S.A.S., identificada como propietaria; Juan Gaviria Restrepo y Cía. S.A.S., relacionada con la administración; e Inversiones Mantra S.A.S. y Tabac S.A.S., mencionadas en la cadena de control empresarial.
¿Qué respondió la JEP frente a los cuestionamientos?
Defendió la transparencia de su gestión. Explicó que el arrendamiento inicial se hizo a través del Fondo Colombia en Paz y aseguró que, tras siete auditorías de la Contraloría y 14 informes de la Procuraduría, no registra hallazgos de corrupción ni de otro tipo.
¿Qué falta por esclarecer sobre la Torre Squadra?
Verificar los criterios de selección del inmueble, la justificación de los gastos de adecuación, la composición completa de las sociedades vinculadas y la identidad de sus beneficiarios finales. Los cuestionamientos no prueban por sí solos que hayan existido irregularidades; se necesita revisar los documentos y contratos para establecerlo.
