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En el marco de un debate de control político sobre delitos electorales en el Congreso de la República, García explicó que “este índice representa el 45% de los municipios de Colombia, es una cifra alarmante y hay que tener en cuenta que sí es un delito, pero hoy en día se maneja como el falso testimonio”.
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Asimismo, argumentó que actualmente el trasteo de votos se está declarando como una diligencia administrativa, en relación con su residencia, es decir, que cuando la Fiscalía cita a ese ciudadano, lo cita porque en una diligencia administrativa está dando falso testimonio, no como una tipificación del delito, por lo que ve necesario que se castigue como tal.
La audiencia, que fue citada por el representante a la Cámara del Centro Democrático Edward Rodríguez, evidenció que se “busca acabar con el cáncer de la democracia: que es la compra y venta de votos. Igual con los otros delitos electorales donde pretende aclarar las diferentes tipificaciones en el ordenamiento jurídico para que los jueces puedan judiciacilizar a los bandidos que atentan contra la democracia”.
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Haciendo hincapié en la necesidad de tipificar los delitos electorales, el magistrado García narró que pese a que la trashumancia está en el código penal colombiano, esta es castigada como un falso testimonio y no como una acción que estacan la democracia de un país.
