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Los Secretos de D'Arcy Quinn revelaron que había expectativa ayer porque el Consejo de Estado revisaría una de las demandas que hay contra el concurso de contralor general de la República. ¿Pasó algo?
No. Rotaron el expediente, lo que quiere decir que sigue el proceso. Pero cada vez es más claro que no habría mérito para que se cayera el concurso y que se eligiera de la lista que está actualmente conformada. Ya los candidatos están en campaña. Posesionado el nuevo Congreso, ya están mandando la hoja de vida y visitando uno por uno a los congresistas. Vamos a ver cuál sería el elegido por el nuevo Gobierno y si coincide con el que quiere el Centro Democrático, cuál escoge el Pacto Histórico. En fin, entre los favoritos están el personero Andrés Castro, el exvicecontralor Carlos Mario Zuluaga, el excontralor Julián Rojas y las dos mujeres Ana Monsalvo y Diana Carolina Torres, que han trabajado con la Contraloría, la Procuraduría, entre otras.
Hay preocupación en el sector universitario por un proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992
La propuesta presentada el pasado 20 de julio, de la reforma integral a la Ley 30 de 1992, ha generado preocupación por los cambios, sobre todo en la gobernanza de las universidades públicas del país. Está el que tiene que ver con la creación del denominado "Poder Constituyente Universitario", las asambleas multiestamentarias y el fortalecimiento de las veedurías universitarias, mecanismos que, según sus críticos, podrían generar una deliberación permanente, ralentizar la toma de decisiones, afectar la ejecución y la autonomía administrativa de las universidades.
Otro de los principales cuestionamientos se centra en el proyecto, que plantea que parte de la financiación estratégica quede ligada a la ejecución de prioridades del Gobierno Nacional de turno y asigna a las universidades funciones obligatorias de asesoría al Ministerio de Educación.
A ello se suman cambios en la composición de los Consejos Superiores, nuevos requisitos para la aprobación de programas académicos y un mayor protagonismo del ICFES en la orientación del sistema, medidas que, de acuerdo con sus detractores, podrían traducirse en una mayor intervención estatal, pérdida de independencia institucional y una reducción en la capacidad de las universidades para responder con agilidad a los retos académicos y científicos.
Ñapa... me siguen llegando quejas desde la Superintendencia de Transporte. Los puertos de Buenaventura, todo el año, trancados con paros y unas mesas de trabajo que no llegaron a nada, pero donde viaticaron, eso sí, todo el año.
