La FM en Google News
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, emitió una dura respuesta al presidente de la República Gustavo Petro y dejó en en claro que la única competente para investigar y ordenar allanamientos es la Fiscalía y por ello, el Ejército tiene competencias para allanar bodegas en relación con el supuesto acaparamientos de medicamentos.
“Las investigaciones son y deben ser tanto en lo seccional como en lo nacional, actos ordenados, actos donde cada uno realiza sus competencias, donde hay actividad de investigación que requieren autorización de los fiscales, por ejemplo los allanamientos, que además demandan en algunos casos autorización de los jueces a donde debemos acudir para hacer otras actividades de investigación”, indicó la fiscal Camargo.
Le puede interesar: Corrupción en la UNGRD: Fiscalía investiga el paradero de exministros Bonilla y Velasco
Así mismo, indicó que sostuvo una reunión junto con el vicefiscal general y el director general de la Policía que se centró en la coordinación de investigaciones, donde se destaca que la Fiscalía General de la Nación es la única autoridad que puede ordenar actividades de investigación.
De igual forma, explicó que las policías judiciales colaboran, pero no tienen funciones de investigación propias.
“Esto para significar que las competencias de investigación radican en la Fiscalía General de la Nación, es la titular de la acción penal, es la única que puede ordenar actividades de investigación y eso debe quedar absolutamente claro”, manifestó Camargo.
Lea también: ¿Petro podría incluir la reducción del salario de los congresistas en la consulta popular?
Añadió que "lo tienen claro tanto las autoridades de policía en general como su Policía Judicial en particular, el Ejército no realiza actividades de investigación, el Ejército hace apoyos, hace apoyos operativos pero no tiene asignadas funciones de Policía Judicial y es muy importante tener claro cuáles son las competencias de todos nosotros y hasta dónde vamos".
La funcionaria judicial precisó que la Fiscalía avanza en las labores judiciales en relación con una línea de investigación sobre el sector salud, enfocándose en posibles pérdidas de recursos públicos en entidades promotoras de salud (EPS) y otros aspectos del sistema.
