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El Consejo de Estado tumbó la sanción impuesta por la Procuraduría contra el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, por el caso de cachetada e insultos contra el concejal Jhon Jairo Claro.
El tribunal estudió una demanda presentada por Rodolfo Hernández contra el organismo, en la que pedía tumbar la sanción impuesta que se convirtió en una multa económica de $124.103.040.
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El tribunal estudió el caso y consideró que la Procuraduría desconoció falta de competencia, debido a que, de acuerdo con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del presidente Gustavo Petro, un organismo administrativo no puede definir derechos políticos de funcionarios elegidos por voto popular.
"Toda vez que es manifiesta la falta de competencia de una autoridad administrativa para restringir los derechos políticos de aquellos funcionarios que fueron elegidos democráticamente, y a su vez se incumplió el deber de adoptar las disposiciones de derecho interno por parte del Estado colombiano", asegura el fallo.
El magistrado añade que durante el análisis de la legalidad de la sanción impuesta, se debía tener en cuenta los estándares internacionales hasta que las normas nacionales alcancen el mismo nivel.
"Se debe aplicar el principio de favorabilidad y la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, solo cuando la regulación interna alcance los estándares internacionales de derechos humanos, se aplicará la norma nacional que regule la materia", aseguró el tribunal.
Además de la revocatoria de la sanción, el Consejo de Estado ordenó que la Procuraduría pague una multa de $95.662.760 a Rodolfo Hernández.
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Cabe resaltar que ese tribunal, en la Sala Plena del Contencioso Administrativo, estudia unificar la jurisprudencia sobre las facultades de la Procuraduría para definir el camino a seguir en casos en los que hayan casos contra funcionarios elegidos por voto popular.
