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La nueva ley de infraestructura incluyó un polémico artículo que le abre la puerta a que empresas que hayan incurrido en hechos de corrupción puedan recibir indemnizaciones por la cancelación anticipada de los contratos que tengan con el Estado.
Este punto fue demandado por el excontralor general Edgardo Maya y la Corte Constitucional deberá decidir en las próximas semanas si lo tumba de la norma o no.
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Varios sectores políticos han pedido al alto tribunal eliminar esto que ellos mismos consideran un 'mico'.
Este punto podría beneficiar a compañías como Odebrecht.
El senador conservador Juan Diego Gómez dijo que este artículo desdibuja por completo el objeto de la ley, que era garantizar transparencia en las obras.
“Hay que hacerle un llamado a la Corte Constitucional para que tumbe ese artículo que viola la irretroactividad de la ley y establece una indexación de intereses a esos recursos, lo cual se convierte en una pérdida enormey onerosa para el Estado”, indicó.
“En virtud de la moralidad pública, hay que pedirle a la Corte Constitucional que elimine ese tema y proceda a mantener la ley que pretende solucionar los problemas de corrupción”, manifestó.
La senadora del Centro Democrático Paloma Valencia fue una de las que más se opuso a la aprobación de este artículo durante su discusión en la plenaria.
Tras ser consultada, la congresista dijo estar en contra porque “a mí me parece que si a una empresa le cancelan el contrato por corrupción, no tienen por qué permitir que se le devuelva la plata”.
Sin embargo, reconoció que existe una discusión con el Consejo de Estado “sobre el equilibrio económico, para que a los contratistas les paguen lo que hicieron de la obra. A mí me parece que eso no debe ser así”.
El presidente del Senado, Ernesto Macías, dijo: “Confiamos en que la Corte Constitucional lo declare inexequible porque todo lo que tienda a beneficiar a los ladrones de cuello blanco y a los corruptos que tienen empresas fachada, no puede aprobarse, ellos deben ser castigados severamente”.
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Otros sectores consideran que el Gobierno debe expedir una reglamentación de la Ley de Infraestructura para evitar beneficios o indemnizaciones a compañías corruptas como Odebrecht y al mismo tiempo impedir que las empresas subcontratadas y los trabajadores, se vean perjudicados.
El ministro de Transporte de la época, Germán Cardona, se había comprometido con la presentación de un proyecto de ley para corregir los vacíos de este artículo, pero la iniciativa fue radicada a mediados del 2018 y la misma no fue debatida.
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