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El Gobierno Nacional lanzó un ultimátum a quienes mantienen bloqueos en vías de Santander, en medio de las protestas por el aumento en los avalúos catastrales y el impacto en el impuesto predial.
El viceministro de diálogo e integración social del Ministerio del Interior, Gabriel Rondón, aseguró que las manifestaciones no tiene sentido”, teniendo en cuenta que existen canales institucionales abiertos para tramitar las inconformidades.
“Nosotros acompañaremos la decisión de la gobernación y de la municipalidad para proteger los derechos de los miles de santandereanos y santandereanas que hoy se ven afectados por un bloqueo que para nosotros en este momento no tiene sentido, dado que hay los canales de comunicación abiertos”, afirmó.
"Tenemos que proteger el derecho de quienes no se movilizan"
El funcionario fue enfático en que las acciones del Gobierno se mantendrán dentro del marco constitucional, pero con el objetivo de restablecer los derechos de quienes no participan en las protestas.
“Eso lo haremos en el marco de la Constitución, del bloque de constitucionalidad, en donde tenemos que proteger el derecho a quien se moviliza pacíficamente (…) y también de las personas que no se movilizan”, agregó.
En paralelo, el director del IGAC, Gustavo Adolfo Marulanda, se refirió a la controversia por los avalúos catastrales y aseguró que los incrementos excesivos en el impuesto predial no son responsabilidad del Gobierno Nacional sino de las administraciones municipales.
Responsabiliza a municipios por aumento del predial
El funcionario explicó que, en esos casos, los ciudadanos deben acudir directamente a las autoridades tributarias locales para exigir explicaciones sobre la liquidación del impuesto.
“Si le creció el impuesto predial el 200, el 300, el 400 o el 500 por ciento, es responsabilidad de la administración municipal. Hay que recurrir a la administración tributaria y pedir explicaciones de por qué no está aplicando la ley (…) que lo protege para no pagar más allá de ciertos topes”, señaló.
Marulanda también recordó que la normatividad vigente establece límites para evitar incrementos excesivos en el predial y permite a los municipios adoptar medidas adicionales para garantizar la progresividad del cobro, especialmente en el caso de pequeños propietarios rurales.
En ese sentido, insistió en que son las alcaldías, a través de sus estatutos tributarios, las responsables de definir tarifas, descuentos y esquemas de gradualidad que eviten impactos desproporcionados en la ciudadanía.
