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Una nueva polémica rodea al activista Franklin Alberto Coral (conocido como 'Beto' Coral en el entorno digital) tras su regreso al país, luego de que se revelase este domingo que la Unidad Nacional de Protección (UNP) le otorgó un esquema de seguridad de manera, a pocos días de ser deportado desde Estados Unidos.
La situación fue denunciada por sectores públicos y sindicales, que cuestionan la legalidad del procedimiento administrativo y la 'celeridad' con la que la UNP otorgó el esquema de seguridad, solicitado por el Ministerio del Interior.
Coral llego al Colombia el pasado jueves 16 de julio tras ser deportado por las autoridades migratorias estadounidenses, luego de permanecer por 11 años en el país norteamericano.
El mismo Coral y fuentes allegadas al activista habían señalado que su deportación se produjo voluntariamente, luego de renunciar a su solicitud de asilo político en ese país, un trámite que mantenía vigente desde el año 2016 tras ingresar en 2015.
"He regresado al país, renuncié a la solicitud de asilo político después de 11 años de permanencia legal en los Estados Unidos", señaló Coral el mismo día de su regreso,
No obstante, Franklin Alberto Coral había sido detenido por autoridades migratorias de Estados Unidos en medio de actividades aparentemente de proselitismo político en territorio estadounidense, en medio de la reciente campaña a la Presidencia de Colombia.
Sobre ese tema, el mismo jueves añadió: "Daré muy pronto todos los detalles de mi detención y los tratos recibidos durante la misma".
El propio presidente Gustavo Petro había confirmado en su momento el arribo de Coral en un vuelo destinado a connacionales deportados procedentes de Estados Unidos.
Pero en las últimas horas se hizo pública la entrega de un esquema de protección individual para garantizar la integridad física del activista, lo que desató la polpemica y la controversia.
Sindicatos, como el de la UNP, y sectores políticos de oposición cuestionaron las condiciones en las que presuntamente se gestionó el beneficio.
¿Hay irregularidades en estudios de riesgo? Esto denuncia Sindicato de la UNP
Uno de los primeros en advertir sobre la situación fue el Sindicato de Trabajadores de la UNP, que reveló que a 'Beto' Coral se le asignó un "esquema de seguridad exprés".
Advirtió que el procedimiento se se habría ejecutado sin haberse cumplido los requisitos y protocolos estipulados para la asignación de medidas de protección a ciudadanos en condición de vulnerabilidad.
De acuerdo con lo denunciado por voceros del sindicato, en este momento "no se conoce la resolución con el estudio de riesgo" por el que obligatoriamente deben pasar todos los protegidos bajo el amparo de esta institución del Estado.
En la denuncia se precisa que no hay evidencia con soporte técnico y legal sobre el estudio de riesgo sobre Coral, lo que -a juicio de los denunciantes- genera interrogantes sobre los criterios tenidos en cuenta y la prioridad que se le dio al caso.
Los documentos revelados este domingo precisan que, además de dos escoltas de la UNP, a Beto Coral se le asignó para su desplazamiento una camioneta marca Toyota, modelo 2018, de uso particular y con motor diésel.
No obstante, aunque el documento que se reveló fue la solicitud que elevó el Ministerio del Interior, por parte de la Unidad Nacional de Protección (UNP) no se conoce si existe o no una resolución oficial con detalles del esquema de seguridad y la eventual evaluación formal que sustente la necesidad de un esquema de protección para el activista.
Oposición exige explicaciones y cuestiona celeridad del Gobierno
Otros de los pronunciamientos conocidos este domingo es el del concejal de Bogotá, Rolando González, quien criticó con dureza la asignación -con recursos estatales- de un esquema de seguridad a personas afines a las posturas del Ejecutivo.
Para el cabildante, esta situación contrasta con la desprotección que sufren los líderes comunitarios en las distintas regiones del país.
"Hasta dónde ha llegado el descaro de colocarle a los amigos del Gobierno, a los que atacan a Estados Unidos, a los que atacan la institucionalidad en Colombia, ahora escoltas de la Unidad Nacional de Protección", arremetió González.
También cuestionó las motivaciones reales detrás de la medida de seguridad. Insistió en que falta de justificación técnica y el perfil del beneficiario, tras llegar desde de territorio estadounidense.
Semanas antes, después de su detención, a través de un comunicado el activista manifestó que "soy un colombiano que ingresó legalmente a Estados Unidos, solicitó asilo siguiendo los procedimientos establecidos y durante 11 años cumplió la ley".
En el mismo documento, Coral precisó que "la verdad debe conocerse y porque nadie debería ser perseguido por expresar sus opiniones".
Claves del tema, en cuatro preguntas:
¿Por qué el esquema de seguridad asignado a 'Beto' Coral por parte de la UNP desata polémica?
La Unidad Nacional de Protección otorgó una medida de amparo exprés al activista tras regresar deportado de Estados Unidos. La decisión generó una fuerte controversia en sectores políticos y sindicales, quienes cuestionan la celeridad y la presunta falta de un estudio técnico de riesgo obligatorio.
¿Beto Coral fue asignado con medidas de protección exprés sin cumplir los protocolos?
El sindicato de la entidad denunció que la asignación de dos escoltas y una camioneta se realizó a solicitud del Ministerio del Interior sin conocerse una resolución oficial. Los trabajadores advierten que no existe evidencia del soporte legal indispensable para otorgar este beneficio estatal.
¿Deportación de 'Beto' Coral desde Estados Unidos fue voluntaria o por detención migratoria?
El activista afirmó que regresó al país tras renunciar a su asilo político vigente desde 2016. Sin embargo, las autoridades estadounidenses lo habían retenido previamente por aparente proselitismo político, y el presidente Gustavo Petro confirmó su llegada en un vuelo de connacionales expulsados.
¿Críticas a la UNP por dar escoltas a personas afines al Gobierno aumentan la tensión?
El concejal de Bogotá, Rolando González, rechazó el uso de recursos públicos para proteger a líderes alineados con el Ejecutivo. El cabildante señaló que esta priorización de seguridad contrasta de forma alarmante con la desprotección y el abandono que sufren los líderes sociales en las regiones.
