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La Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes avanza a buen ritmo en las pesquisas sobre la campaña electoral que llevó al presidente Gustavo Petro al poder.
La defensa del mandatario, encabezada por el conjuez de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Pava Lugo, solicitó testimonios que podrían resultar clave en la investigación: los de Laura Sarabia y Armando Benedetti, quienes formaron parte del círculo cercano de Petro durante la campaña. Estos testimonios se suman al de Nicolás Petro, hijo del jefe de Estado, quien ya ha hablado sin restricciones legales sobre los fondos, la campaña y los financiadores de eventos políticos.
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En las diligencias llevadas a cabo por la Comisión, también se escucharon a los congresistas y ciudadanos que presentaron denuncias contra el presidente Petro, para que reafirmaran sus acusaciones y proporcionaran pruebas o información que respaldara sus afirmaciones, distinta a la que se había divulgado en los medios de comunicación.
Entre los comparecientes se encontraban los congresistas Paola Holguín, Christian Garcés y JP Hernández, entre otros.
Otros citados, como el actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, apodado el "Hombre Marlboro", y Samuel Santander Lopesierra, están convocados para el 18 de abril y podrían enfrentar medidas coercitivas si persisten en evadir el llamado de la justicia parlamentaria.
Con todos estos testimonios y los documentos recopilados por los congresistas investigadores, se espera que pronto se disponga de suficientes elementos para determinar si el presidente Gustavo Petro tuvo alguna responsabilidad legal en la recepción de contribuciones y recursos para su campaña. La defensa argumenta que una vez recopilada toda esta evidencia, incluso en el caso de que el Consejo Nacional Electoral encontrara que se superaron los límites de gastos, solicitará que se archive la investigación a favor del Presidente Petro, ya que los asuntos administrativos de la campaña no son responsabilidad directa del candidato según la ley.
La Comisión debe completar su labor centrada exclusivamente en la conducta del jefe de Estado, de acuerdo con la inmunidad que le otorga la Constitución Nacional. Si no encuentra mérito para recomendar el enjuiciamiento del presidente, deberá reconocerlo y ordenar el archivo del expediente.
Si la Comisión considera que existen otras conductas, distintas a las del presidente, que requieran investigación, deberá remitir el caso a las autoridades competentes, como cualquier instancia judicial del país.
Las respuestas y conclusiones de la Comisión, como una manifestación legítima de justicia pronta y efectiva, serán además un ejemplo del adecuado funcionamiento de las instituciones.
