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Ante la Fiscalía General de la Nación fue instaurada una denuncia para que se investigue penalmente al exsenador y hoy jefe de despacho presidencial Armando Benedetti y a Diego Marín Buitrago, alias ‘Papá Pitufo’, por el supuesto intento de financiación ilegal en la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.
Esta denuncia fue instaurada por la Red de Veedurías de Colombia, a través de un petición elevado por su presidente y representante legal Pablo Bustos ante el despacho de la fiscal general de la nación, Luz Adriana Camargo.
“La presente denuncia se formula por reiterada solicitud ciudadana a efecto de determinar judicialmente si hubo o no la posible financiación ilegal de la campaña presidencial del primer mandatario Gustavo Petro, por parte de Diego Marín Buitrago, alias Papa Pitufo, por cuenta de gestiones adelantadas de Armando Benedetti”, señala el escrito presentado ante la Fiscalía.
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Esta denuncia se origina de las declaraciones realizadas por el director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Augusto Rodríguez, durante el Consejo de Ministros celebrado en la Casa De Nariño, el pasado 4 de febrero.
“El referido señor director de la UNP, augusto Rodríguez, respecto de la designación de Armando Benedetti, como jefe de gabinete expresó podría tener eventuales obstáculos legales derivados del intento de financiación ilegal de esta última, que aquel Augusto Rodríguez había impedido, por parte Diego Marín Buitrago, alias 'Papá Pitufo', quien guardaba relación con el citado Armando Benedetti, repudiando tal designación haciendo sus reparos expresando que dicha designación se hacía altamente inconveniente respecto de la lucha contra corrupción”, dice la denuncia.
El propio presidente Gustavo Petro reveló a través de sus redes sociales que alias 'Papá Pitufo' “intentó infiltrar mi campaña presidencial y mi gobierno". Sin embargo, aseguró que solicitó personalmente al presidente de España, Pedro Sánchez, su extradición para que sea juzgado en Colombia.
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Además, el jefe de Estado se comprometió a garantizar la seguridad de Diego Marín Buitrago en el lugar de reclusión que determine un juez, siempre y cuando revele toda la verdad sobre la red de corrupción que presuntamente lideró.
