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El Fondo de Adaptación, una de las entidades más importantes para atender emergencias y ejecutar obras de mitigación frente al cambio climático en Colombia, volvió al centro del debate público.
Una investigación publicada por El Espectador encendió las alarmas sobre posibles irregularidades en la adjudicación de contratos y en la configuración de su cúpula directiva, lo que ha derivado en nuevas sospechas de corrupción y de disputas entre sectores políticos que buscan influencia en la entidad.
Creado tras la emergencia de La Niña en 2010-2011, el Fondo de Adaptación administra recursos superiores a los 660.000 millones de pesos al año y maneja proyectos estratégicos como los de La Mojana, que superan el billón de pesos.
Su peso presupuestal y su capacidad de contratación han convertido a la entidad en un terreno de alto interés para varios partidos, incluidos algunos que hoy son cercanos al Gobierno y otros que se declaran independientes u opositores, de acuerdo con las revelaciones.
Nombramientos en disputa y señales de inestabilidad administrativa
Según la investigación, el fondo ha tenido cambios constantes en su dirección desde la llegada del Gobierno de Gustavo Petro, con figuras como Javier Pava, Helga Rivas y Carlos Carrillo al frente. También estuvo al mando Olmedo López, hoy investigado por el escándalo de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD), lo que encendió alertas tempranas por el manejo del presupuesto.
La rotación de gerentes continuó durante 2025. En junio, la Presidencia propuso a Johan Steven Londoño como nuevo gerente, pero la designación no avanzó por reparos relacionados con su cercanía al exalcalde de Medellín Daniel Quintero. Meses después, Katherine Rojas Montenegro, asumió el cargo antes de renunciar en octubre, en medio de cuestionamientos sobre presunto favorecimiento en el programa Ruta del arroz.
Tras esos episodios, la dirección quedó en manos de Angie Rodríguez, actual directora del Dapre y una de las funcionarias más influyentes del Gobierno.
Contratos bajo lupa: beneficiarios políticos y denuncias en Fiscalía
El Espectador documentó que varias adjudicaciones recientes han favorecido a personas con vínculos con la Alianza Social Independiente (ASI) y con el Partido de La U. Aunque Londoño no logró ser gerente, sí fue subgerente de proyectos y desde esa posición habría adjudicado más de una docena de contratos a asesores y aliados políticos de su suegra, la senadora Berenice Bedoya.
Entre los beneficiarios aparecen Russell Ramírez, Juan José Poveda Daza, Joaquín Emilio Zapata y Óscar Enrique Bedoya. Los contratos, que oscilan entre 43 y 160 millones, han generado preocupación por un presunto intercambio político en el Congreso.
Una situación similar se registra con contratistas relacionados con La U, incluidos funcionarios cercanos a antiguas candidaturas o administraciones locales avaladas por ese partido.
Los órganos de control ya investigan varios procesos, entre ellos un contrato por 56.000 millones del programa Dinámicas hídricas y otro por 36.000 millones en la Ruta del arroz.
Tanto Londoño como Bedoya negaron cualquier intervención irregular, mientras que el ministro del Interior, Armando Benedetti, rechazó que existan acuerdos políticos con las colectividades señaladas.
En medio de las controversias, Rodríguez prepara un informe interno para depurar responsabilidades y revisar los retrasos de obras clave en La Mojana, con el fin, según fuentes citadas por El Espectador, de cortar posibles redes de influencia y evitar que el Fondo de Adaptación se convierta en un nuevo foco de escándalo nacional.
