Alerta en el Congreso por decreto que abre puerta a venta de Ecopetrol

Con el respaldo de la mayoría de los congresistas, la plenaria del Senado aprobó una proposición a través de la cual se le pide al Gobierno Nacional que eche para atrás un decreto que podría abrir la puerta para la venta de activos del Estado, como lo es Ecopetrol.

Según explicó el senador Luis Fernando Velasco, se trata de una medida expedida en el marco de la emergencia sanitaria por la Covid-19, que puede considerarse como una extralimitación.

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“Ustedes están tomando un poder que debería debatirse con el Congreso de la República. ¿Cómo se les ocurre utilizar un decreto de emergencia para auto habilitarse a vender las cosas que son de todos los colombianos sin debatirlo con el Congreso?”, le reclamó el congresista al viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño.

Velasco se preguntó si existe o no algún interés oculto de ciertos sectores en vender Ecopetrol y o la empresa Cenit. “Que no nos acostemos una noche vendiendo Cenit y empresas que hemos hecho todos los colombianos y al otro día nos levantemos con que compramos Avianca para salvar a unos tiburones”, sostuvo.

Ante esto, la senadora Maritza Martínez presentó una proposición que fue respaldada y aprobada por los legisladores, a través de la cual se le exige al Gobierno de manera formal que eche para atrás este decreto.

“Esta solicitud se fundamenta en la necesidad de no poner en riesgo los activos estratégicos de la Nación y el patrimonio de todos los colombianos, siendo especialmente relevantes empresas como Ecopetrol y sus filiales Cenit, o las entidades financieras de naturaleza pública”, señaló.

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“Como estas son numerosas las sociedades en las cuales la Nación ostenta la mayoría accionaria y no se considera apropiado constitucionalmente que para conjurar los estragos generados por la pandemia, se pretenda desplegar acciones que contrarían la lógica con la cual se estructura todo el andamiaje de la figura de la emergencia económica”, añadió.

El Senado también hizo un llamado a órganos de control como la Contraloría y la Procuraduría para que hagan un especial acompañamiento a las decisiones que tome el Gobierno, en virtud de este decreto, en caso de que el mismo no sea derogado como lo solicitan las mayorías.